Erradicar 2.000 asentamientos ilegales de las cañadas reales cuesta 800 millones

VIENE DE LA PÁGINA 1Las inspecciones periódicas que hace la Dirección Regional de Agricultura han descubierto que, en los últimos tiempos, las ocupaciones Ilegales se han consolidado. Según un informe que han remitido a la Asamblea de Madrid, "los asentamientos ¡legales han pasado de ser simples huertos a edificaciones industriales". A raíz de este fenómeno, prohibió a Unión Fenosa suministrar energía eléctrica a estas empresas. Los diputados regionales votaron en el pleno una propuesta para que la Consejería de Economía erradique las industrias ¡legales, "así como las nocivas para la salud y el medio ambiente".

El Gobierno regional aclaró en su estudio sobre la situación de los Ilegales de la cañada real Galiana que es imposible vender o ceder los terrenos públicos a sus actuales ocupantes. "A pesar de haberse amojonado, esta vía pecuaria ha sido ocupada sistemáticamente", explica Agricultura. Por este motivo, los responsables públicos niegan la posible buena fe del ocupante, que antes de le vantar la casa ya conocía la ubicación exacta de lo que es espacio público. Curiosamente, las viviendas levantadas no se salen de la linde de la cañada para no invadir terrenos priva dos. Esta situación se puede apreciar en las fotografías aéreas aportadas en el informe.

Sin embargo, el desalojo de esta zona, ocupada desde 1978 por familias que, en algunos casos, han llegado a pagar impuestos municipales y reivindican su derecho a la propiedad de los terrenos, es considerado "muy complejo" por todos los dirigentes políticos. "Aquí ya no hay pasto ni lugares de descanso; ya no tiene sentido que pase el ganado, explicó José Barba, quien compró en 1967 su casa en la cañada y hoy es el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Vicálvaro (en Coslada).

Según el regidor cosladeño, José Huélamo (IU), el Icona vendió a los vecinos la mayor parte de la cañada, cediendo otra parte el Ayuntamiento para los viales. Barba recuerda que compró a 205 pesetas el metro cuadrado, igual que los otros 1 .000 vecinos, en su mayoría inmigrantes, que años atrás se habían instalado ilegalmente. Huélamo afirma que tan sólo hay 30 o 40 inmuebles sin legalizar. Barba lo reduce a siete u ocho. El alcalde cree que en Coslada no puede cumplirse la resolución de la Asamblea: "No pueden demoler las casas y el suelo ya es propiedad de los vecinos", informa .

Pablo Font, concejal de Urbanismo de Rivas-Vaciamadrid (20.000 habitantes), califica de "muy buena" la decisión de la Asamblea de Madrid de recuperar los caminos de la cañada de la región. La solución de recuperar esta cañada, según Font, es "posible, pero costosa". Su propuesta consiste en que cada Ayuntamiento traslade a las familias que utilizan los alojamientos como primera vivienda y lleve las fábricas a polígonos industriales, informa Isabel Fernández.

El Ayuntamiento de Madrid tampoco quiere tomar la iniciativa. "Queremos una acción consensuada de todos los partidos políticos; no nos gustaría que luego alguno saliera con posturas diferentes", declaró Esperanza Aguirre, concejal madrileña de Medio Ambiente.