El 11% de los beneficiarios de la ayuda al alquiler la pierden por negligencia

Carlos Sanz está tan bregado en la burocracia madrileña como lo puede estar un padre con una niña de seis años y otra de dos inscritas en escuelas públicas. No le asustan plazos, formularios o listados, pero el procedimiento de la ayuda al alquiler se le ha atragantado a este arquitecto de 42 años. La Comunidad le reconoció un derecho a 2.400 euros para sufragar parte de los 550 euros al mes que paga al casero por su piso en El Boalo, en la sierra. Nunca se enteró a tiempo de cobrarla.

Sanz presentó la documentación como otros 21.000 arrendatarios en mayo del año pasado. Dos meses después vio que su nombre aparecía como excluido en un listado provisional, por haber ganado más de 7.500 euros al año. En el listado definitivo de octubre, sin embargo, le admitieron. Al no haberse cubierto todas las plazas y quedar presupuesto para repartir, se relajaron los límites de ingresos: se incluyó a quienes no superaban los 22.400 euros. Para entonces Sanz lo había dado por perdido, había dejado de consultar la web, no prestaba atención a las comunicaciones genéricas de la Comunidad ni leía el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Como él, unas 750 personas han perdido una subvención de hasta el 40% de su alquiler, desorientadas por el camino burocrático. Son el 11% de los casi 7.000 beneficiarios con derecho a esta ayuda en la convocatoria de 2017. EL PAÍS se ha puesto en contacto con siete de ellos para darles las malas noticias.

“La culpa es mía por no enterarme, claro. Pero el sistema tampoco favorece”, comenta Sanz al salir de su trabajo en Nuevos Ministerios. Cumplía los requisitos económicos porque ni él ni su mujer tenían trabajo por aquel entonces. “Con conocer de antemano un calendario de trámites, como en las listas del cole, me hubiese enterado de qué semana se resolvía”, se lamenta, “en vez de estar mirando cada día sin saber cuándo, como ocurrió cinco meses después”.

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, encargada de tramitar los expedientes, responde que no hay un calendario previo porque en cada ejercicio varían el número de solicitudes, las dificultades que presentan y la distribución del trabajo. “En 2015 tuvimos 50.000 solicitantes. En los dos últimos ejercicios conseguimos filtrarlos hasta los 20.000”, comenta su director general, José María García. 2016 y 2017 han seguido ritmos similares: entrega de papeles en mayo y resolución en octubre. La de 2018 va muy retrasada, porque el Ministerio de Fomento, que pone el dinero, aún no ha emplazado a la Comunidad para firmar. Además, como el Real Decreto que la regula se firmó en marzo, no se cubrirán las mensualidades de enero y febrero. Esta aparente arbitrariedad desconcierta a los ciudadanos.

Otra sensación común entre los beneficiarios consultados es que a los poderes públicos les interesa no repartir el dinero: publicitan unas ayudas que luego, si pueden, no gastan. En el ejercicio 2017, de los 17 millones destinados a ayudas al alquiler en Madrid, siete no se han destinado a ayudas al alquiler en Madrid. “Mi objetivo es gastar hasta el último céntimo. Soy el primer interesado en consumirlo. Es que si no se hace, hay que devolvérselo al Estado”, explica García.

Para esos 7.000 solicitantes que cumplían las condiciones se reservaron los primeros 14 millones de euros. Los tres millones sobrantes no llegaron a asignarse a ningún arrendatario, sino que se desviaron al plan de rehabilitación de la vivienda madrileña para arreglar alrededor de 100 comunidades de vecinos. ¿Tan difícil es cumplir las condiciones para optar a esta ayuda?

Cualquiera que viva de alquiler por menos de 600 euros al mes (o incluso 900) y gane menos de 22.500 euros al año la tiene casi asegurada, simplificando. Aunque se cumpla, no obstante, también se puede perder la ayuda. Ocurrió con otros cuatro millones de euros de esos 14, que no llegaron a los arrendatarios. Muchos perdieron parte porque no entregaron todos los recibos, o por tener deudas pendientes, entre otros motivos. Unos 750, entre los que está Carlos Sanz, dejaron pasar millón y medio de euros por puro despiste.

Sergio Tajahuerces, informático de 29 años, asegura que no recibió ningún SMS: “Hubiese bastado con algo sencillo, en plan, apareces como beneficiario”, comenta. EL PAÍS ha accedido a los mensajes de texto enviados en octubre, una novedad reciente impulsada por una subdirectora. Según la Consejería se enviaron a todos los beneficiarios.

“Fue una mejora voluntaria de este año, enviar SMS a los solicitantes en los diferentes estadios del procedimiento. Al obligarles a dar su número para recibir la ayuda, la misma cadena de mensajes se envió a los 7.000, intentando optimizar los caracteres. En ellos se exponen tres conceptos claros, como para darse por aludido”, explica la Consejería.

“Sí, recuerdo leer el mensaje sobre la entrega de documentación”, comenta por teléfono Tania Alaya, 29 años, 500 euros al mes por un piso en La Elipa. “Al ver el listado provisional fui a la Junta Municipal de San Blas y me dijeron que me olvidara, que superaba los ingresos. Lo di por perdido, aunque no me entraba en la cabeza que con mi sueldo de telemarketing y otra persona en paro me pasase. Fue un problema mío de interpretación, pero también una mala gestión. Si el mensaje hubiese dicho que se revisaba la lista provisional, me hubiese enterado. Seguro”, se lamenta.

A Elena, técnico de laboratorio de 33 años, le ocurrió algo similar. “En la primera criba fui excluida por mi salario, y al verlo no puse más atención a las ayudas”. Por casualidad, en un rato muerto de internet en diciembre vio su nombre en la lista de admitidos. Entregó al límite los justificantes de pago en un nuevo plazo, abierto durante las navidades. Pero era demasiado tarde, pues ya solo dejaban justificar los tres últimos meses del año. Para entonces, había perdido tres cuartas partes de la ayuda. Cobró 600 euros y vio pasar otros 1.800. “Los plazos burocráticos son inamovibles. Una presentación extemporánea de documentación conlleva la pérdida del ingreso de la ayuda”, refiere la Consejería. Ante la pérdida del derecho, cabe interponer recurso contencioso-administrativo hasta el 21 de agosto.

El plazo también se le pasó a Raúl Charcos, o a Ruth Mostaza, técnica de enfermería que vivía en Plaza España por 450 euros. O a Diego Verde, entrenador personal en la Autónoma. Todos cuentan que no supieron de ese segundo listado hasta la llamada de EL PAÍS.

Por el contrario, existen también casos como el de Antonio Gil, profesor de secundaria en paro: “Seguí mirando la web aunque fui excluido al principio por ingresos, me vi en el listado definitivo y presenté la documentación en octubre”. Como él, unos 1.600 solicitantes se enteraron a tiempo para presentar la documentación.

“Tenemos la conciencia tranquila de que con los medios y la capacidad de comunicación que se tiene, se ha ido mucho más lejos de lo debido. Es un problema de ignorancia administrativa, con el debido respeto”, zanja el director general en la sede de la Consejería, en el antiguo hospital de Maudes. Aunque reconoce que siempre hay margen de mejora: “Si con un nuevo mensaje rescatamos a 100 de esos 700 en la próxima convocatoria, habrá merecido la pena”.