La juez archiva la investigación del accidente de metro de Valencia

La juez Nieves Molina, titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, ha vuelto a archivar la investigación del accidente de metro que en 2006 costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47.

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La magistrada reabrió el caso en 2014, contra su criterio, al ordenarlo la Audiencia de Valencia, y después de tres años de diligencias llega a la misma conclusión: no existen indicios suficientes como para atribuir responsabilidades penales a nadie en concreto. El conductor fue uno de los fallecidos en el siniestro, que se produjo en Valencia, en julio de 2006, en la curva anterior a la estación de Jesús.

La decisión es adoptada por la magistrada tras analizar diversos informes periciales y tomar declaración a un centenar de testigos. Contra el archivo las partes pueden interponer recurso de reforma ante la misma juez y de apelación ante la Audiencia de Valencia.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, Rosa Garrote, ha anunciado que recurrirán, y ha mantenido que la instructora "se ha limitado a defender" la instrucción del caso que ya hizo en 2006 y se ha mostrado "contraria a introducir cualquier otra vía de investigación".

Molina rechaza la petición formulada por la asociación para interrogar a la exdirectora de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia, y a cuatro exdirectivos. La juez considera que ni ellos ni otros tres trabajadores investigados son autores, ni siquiera a título indiciario, de lo sucedido.

“Lo decisivo desde la perspectiva penal es si las medidas de seguridad existentes cumplían con los estándares de seguridad del sector. Y, como se señaló en resoluciones anteriores a la reapertura del procedimiento, la mejora o el incremento de las medidas de seguridad efectuadas a posteriori, no puede equivaler en el ámbito penal a que la situación previa pueda considerarse sospechosa de criminalidad”, señala la instructora.

En el auto de archivo, de 177 páginas, la magistrada concluye que no existen indicios de que el estado del convoy y las vías influyera en el accidente, a la vez que resalta el exceso de velocidad con la que circulaba el metro, "no solo en la curva del siniestro, sino en el tramo anterior al mismo".

La instructora considera "adecuado" el sistema de frenado FAP instalado en la Línea 1, en la que volcó el convoy. Y considera que la ausencia de balizas de frenado automático en los tramos donde la velocidad estaba limitada "no supuso un incremento del riesgo, al no apartarse esta decisión de las pautas de actuación comúnmente seguidas en el sector".

Tampoco cabe, señala la juez, "establecer relación alguna entre la formación del maquinista y el acaecimiento del accidente".

"Debate extraprocesal"

La resolución dedica un apartado a rebatir cuestiones "objeto de debate extra procesal, en el que se han omitido importantes detalles que constan en el procedimiento". La magistrada señala que la unidad siniestrada no sufrió un fallo en los frenos dos semanas antes del accidente, como se publicó en prensa. Considera que la desaparición del libro de averías del tren "carece de relevancia": "Ningún sentido tiene que responsables de FGV hiciesen desaparecer de forma intencionada el libro, cuando el contenido del mismo no podía comprometer el normal funcionamiento de la unidad, ni dar pistas sobre la investigación del accidente".

Tampoco fue importante, sigue la magistrada, el borrado de la caja negra de la unidad una vez que se hubo volcado su contenido en un disquete en presencia de un representante de la empresa, un policía y un miembro del Sindicato Independiente Ferroviario.

El auto señala, finalmente, que "rodear de misterio la aparición del cuerpo" del maquinista y de la interventora de Metrovalencia "en las vías carece de toda lógica". "Resulta totalmente inverosímil la idea de que bomberos y policías, antes de que compareciera la comisión judicial autorizando el levantamiento de los cadáveres, hubiesen procedido por propia iniciativa a sacar los cuerpos de la cabina, recorrer con ambos 65 y 75 metros respectivamente para, seguidamente, levantar otros cuerpos y colocarlos debajo, en medio de una situación extrema de heridos y muertos, con un entorno muy complicado debido a la posición del vagón, la inundación de las vías, la falta de luz... Y todo ello sin ningún tipo de fin concreto, dada la intrascendencia que tiene el lugar donde pudieran aparecer los cadáveres".

Movilización social

El accidente de metro de Valencia resultó, además de doloroso, polémico por las dudas sobre la seguridad en el servicio y por la forma en que el Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps reaccionó a la desgracia. La asociación de víctimas del metro se concentró el día 3 de cada mes en la plaza de la Virgen de Valencia durante nueve años para reclamar responsabilidades por lo ocurrido, en un rito al que fueron sumándose progresivamente más personas hasta convertirse en multitudinario.

Las concentraciones dejaron de celebrarse en 2015. Un año más tarde una comisión de investigación del Parlamento autonómico concluyó que el accidente podría haberse evitado con mayor mantenimiento e inversión en la Línea 1 de Metrovalencia.