Cerco a los chatarreros del Poblenou

Alrededor de las ocho de la mañana de ayer, el barrio del Poblenou de Barcelona se despertó con un fuerte dispositivo policial que acordonaba un amplio perímetro alrededor de la calle Zamora. Agentes de la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana desalojaron dos naves industriales de esta calle. Una de ellas, situada en los números 70-72, se utilizaba como almacén de chatarra y en ella trabajaban cerca de un centenar de personas, la mayoría subsaharianos. La segunda, en los números 73-79, se usaba como sala de fiestas y conciertos. En el momento de la intervención había 47 personas en el interior de ambos recintos, de las cuales seis fueron detenidas por ser inmigrantes en situación irregular.

El desalojo pilló por sorpresa a Buba, un senegalés que venía expresamente de Granollers (Vallès Oriental). Solo pudo recuperar la mochila, pero no el material que tenía dentro de la nave. “He perdido mi sueldo de este mes”, lamentaba. Como él, muchos de sus compañeros veían cómo alrededor de las 11 de la mañana se tapiaban las entradas de los edificios con toda la chatarra dentro, a la espera que los propietarios se avengan a dejar que recuperen los artículos que hasta ahora les servía para comer.

La intervención se ha producido a raíz de una inspección realizada por el Ayuntamiento de la ciudad el pasado mes de octubre, enmarcada dentro del plan contra los asentamientos irregulares del distrito de Sant Martí. En esta revisión se detectaron “problemas graves” en la estructura de ambas naves, como bigas descalzadas, según explicó ayer Miquel Esteve, comisionado de inmigración del Consistorio barcelonés y responsable de dicho plan.

Esteve aseguró que el Ayuntamiento había invitado reiteradamente en diciembre a los ocupantes a desalojar las naves, con vistas al inminente desalojo, pero los residentes se habían negado. La titularidad de las naves corresponde a un consorcio de empresas que no había denunciado la ocupación.

Los abogados de los desalojados se quejaban ayer de no haber sido informados de la intervención. Los letrados apuntaron además que los problemas estructurales afectaban a algún espacio no ocupado. Y en todo caso, rechazaron la existencia de un “riesgo inminente” en cuanto a la seguridad de las naves.

La intervención policial se saldó con 47 personas desalojadas de las dos naves. De estas, 14 fueron trasladadas a la comisaría para identificarlas. Seis fueron detenidas por detectar que estaban en situación irregular en el país y la Policía Nacional ha puesto en marcha el proceso para su expulsión. Se trata de tres ciudadanos de Ghana, dos de Senegal y un guineano. El resto fueron puestos en libertad.

Durante el desalojo, la Guardia Urbana también detuvo a otro ocupante por resistencia a la autoridad, mientras que otro de los desalojados tuvo que ser atendido por los servicios médicos después de sufrir un ataque de ansiedad.

Desde la puesta en marcha del plan para luchar contra los asentamientos irregulares, el Ayuntamiento ha detectado unas 25 ocupaciones, en las que hay implicadas unas 400 personas. El proyecto contempla ofrecer vivienda de forma temporal y un programa de inserción sociolaboral para los desalojados. Pero éstos se quejan de la inconcreción y la falta de información sobre este plan. “Existe un alto grado de desinformación entre los desalojados sobre las ayudas ofrecidas”, lamentó Laia Serra, abogada de los ocupantes de las naves del Poblenou.

El Ayuntamiento ofreció asistencia social a 13 de los desalojados ayer, aquellos cuya situación era más vulnerable. Siete aceptaron la ayuda y han sido realojados en pisos de acogida. En cambio, seis rechazaron la oferta.

El resto, como Sene, que hace seis años que recoge chatarra, tiene claro que a partir de hoy tendrán que buscarse la vida en otro punto que también se dedique al reciclaje de la chatarra, como han hecho en otras ocasiones. Hasta que vuelvan a ser desalojados. Y vuelta a empezar.