Julieta Lemaitre, magistrada de la JEP: “Aprendí que la guerra es geografía”

Julieta Lemaitre (Cartagena de Indias, 54 años) ha pasado de la academia a la labor judicial, pero no se nota del todo. Magistrada de la justicia transicional creada en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, su oficina es la de una profesora universitaria, la función que ha desempeñado por más años en su carrera profesional. Una biblioteca nutrida, en la que los volúmenes de derecho se alternan con los de antropología, sociología o historia; fotografías de viajes por el mundo en las paredes que contrastan con gruesas sentencias apiladas en su escritorio; un sofá para que los invitados se sientan cómodos.

No es solo la oficina. Es la encargada del caso judicial por los alrededor de 32.000 secuestros que, según la Comisión de la verdad, cometió la guerrilla desmovilizada. En conversación sobre ello con EL PAÍS, la abogada de la Universidad de Los Andes deriva una y otra vez hacia reflexiones más amplias. Con maestría en género de la Universidad de Nueva York y doctorado de Harvard, durante 16 años fue profesora de su alma mater. Ha escrito del Derecho con la mirada de las ciencias sociales, con temas como el fetichismo legal colombiano o la supervivencia en lugares del país a los que el Estado, como dice el título de uno de sus libros, “siempre llega tarde”.

Es la presidente de unidad de la JEP, la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, que inicia los procesos judiciales. Con cinco colegas, define qué hechos graves y representativos del conflicto merecen que se abra un macrocaso como el de secuestro. En él ya recogieron las versiones de los principales responsables y de las especificidades regionales, pues los siete bloques que tenían las FARC ejecutaron el delito de una manera particular. Este viernes encabeza la primera de siete audiencias regionales en las que las víctimas harán observaciones sobre esas versiones. Los antiguos jefes farianos que controlaron el sur del departamento del Tolima confrontarán en Ibagué, la capital, esas respuestas, que serían diferentes en otros lugares. Así lo aclara Lemaitre, tras nueve años en la JEP: “Lo que aprendí es que la guerra es geografía”.

— En muchas ocasiones, los mandos medios de las FARC eran nativos del lugar en el que actuaban. Muchas veces las víctimas los ubican, los identifican, les dicen “yo sé quién es usted, yo me acuerdo de usted”. Es otro nivel de lo que es una guerra civil.

— ¿Eso afecta el proceso?

— Sí, ha ayudado, los comparecientes han colaborado porque conocían a las víctimas. En las rondas de versiones citamos a los comparecientes que eran los mandos de cada región, y antes les decíamos: “tenemos estas preguntas de las víctimas”. Ellos se reunían y a veces decían “mire, yo esto no sé, el que sabe es fulanito”, y nos ayudaban a encontrar a quienes podían contar qué paso, ayudar a las víctimas a conocer la verdad. De manera voluntaria llegaron más de 200 firmantes que no estaban citados a ayudar con la verdad.

Para explicar lo que han logrado y lo que viene, Lemaitre se enfoca en los dolores de las víctimas, en los temores de los victimarios, en cómo esta justicia transicional se ha adaptado a las necesidades de sanar las heridas y no en los tradicionales rituales procesales.

— Inauguramos una modalidad que me pareció muy conmovedora. Hemos tenido un par de encuentros privados entre un firmante y la víctima, que tiene una pregunta que quiere mantener en confidencialidad. Han funcionado. Hay cosas que la gente quiere saber, necesita saber.

Lemaitre mantiene a las víctimas en el centro de su mirada. No es sorprendente para quien la ha leído. En El Estado siempre llega tarde (Siglo XXI Editores, 2019), rechaza la usual identidad de los colombianos como violentos, y se enfoca en el sufrimiento por esa violencia. “Aquello en lo cual los colombianos somos excelsos, lo que nos caracteriza y marca, no es la violencia, sino la huida”, se lee en la introducción. Busca alejarse de una visión paternalista, lastimera, de esas víctimas. “Se trata de huir en el sentido heroico de los civiles, en el sentido de tener la habilidad y la fuerza para escapar con vida, para, en el momento preciso, saber dejar atrás todo lo que han significado nuestras vidas y para rehacerlas en otra parte”.

Al explicar la audiencia de este viernes, empieza por las víctimas. Explica que estarán quienes sufrieron secuestros en la represa del río Prado o por ser arroceros, delitos que las FARC usaron para conseguir dinero o para ejercer y demostrar su control territorial. Recuerda que la mayoría no fueron víctimas una vez, de un delito, sino que sufrieron un desplazamiento, varios asesinatos de familiares, un secuestro. Por eso, explica, es fundamental apoyar su proceso emocional.

— Las víctimas tienen el acompañamiento de equipos psicosociales. Después del primer año, en la JEP todo el mundo se dio cuenta de que se necesitan. Hubo que hacer una gran contratación de psicólogos. Todos, magistrados, víctimas e incluso comparecientes [los presuntos responsables de delitos cometidos en el conflicto] tenemos ese apoyo.

— ¿Y cómo se recibe eso?

— Al principio me parecía raro: me sentaba con un compareciente, y al lado el abogado y el psicólogo. Y yo pensaba, con ese prontuario que tiene, y necesitando ese apoyo...

La mirada humana de Lemaitre se extiende así a los antiguos guerrilleros, los comparecientes o firmantes en la jerga de esta justicia transicional. Explica que los del sur del Tolima que estarán en la audiencia son los sobrevivientes de una estructura que llegó a tener 1.200 combatientes al inicio del siglo, y, a la hora de firmar la paz, estaba reducida a150. “Ni siquiera eran los mismos, porque muchos eran reclutados pocos años antes. La mortandad fue enorme”, explica. Y pasa a relatar el cambio que ha producido en ellos el conocer a sus víctimas.

— Para ellos es duro el nombre, secuestro [las llamaban retenciones], saber la envergadura del crimen. Es especialmente duro para ellos el careo con las víctimas y dimensionar el daño que causaron, entenderlo.

— Esa política de secuestros fue pública...

— Sí. En su momento la entendían como algo justificado, y ya han entendido que no había ninguna justificación y que, además, afectaron a su misma gente. Eso los ha transformado, en parte por el proceso de ingreso a la vida civil, para lo que la ARN [Agencia para la Reintegración y la Normalización] tiene un proceso mundialmente reconocido, y en parte porque las víctimas les exigen la verdad, los conocen y no los dejan mentir.

La magistrada cuenta que hasta ahora todos los imputados por secuestro han aceptado su responsabilidad, y señala que finalmente sumarán entre 70 y 100 antiguos miembros de las FARC. Su trabajo llega hasta imputarles cargos, pues otras instancias de la JEP definen las sanciones. Para eso, sin embargo, todavía falta que el macrocaso 01 llegue a ese punto. Y falta más ahora, cuando los firmantes son víctimas de las disidencias, grupos que suman a personas que nunca dejaron las armas, a otros que las dejaron y las retomaron, y a muchos más, más jóvenes, reclutados por ellos.

La audiencia de este viernes, en Ibagué, es un ejemplo, como recuerda un comunicado público que emitieron los convocados este jueves. “No se han realizado las acciones necesarias por parte de las entidades correspondientes (Unidad Nacional de Protección y la JEP) para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias en esta audiencia, ni posterior a la misma”, escriben. “Alertamos de la participación de personas que desertaron de las filas guerrilleras y que no asumieron compromisos con el Acuerdo”. Piden que se aplace la audiencia. “Llegamos a Ibagué con el objetivo de participar en la audiencia pública y estamos dispuestos a retomar la participación en la misma, en el momento en que las condiciones estén dadas y nuestra vida y la de nuestras familias sean valoradas en toda su dimensión. Que la paz no nos siga costando la vida”.

— La amenaza más grande que se cierne sobre el acuerdo de paz es el reciclaje de la guerra. Hay regiones, como el sur del Tolima, donde el llamado Estado Mayor Central ha desatado una persecución contra los firmantes, sobre todo estos que son más visibles por el liderazgo que tuvieron en la guerra. De los diez citados el viernes, cinco tienen una medida de seguridad.

— ¿Por qué esas amenazas?

—En parte es porque las nuevas estructuras tienen interés en reciclar a los mandos medios, quienes saben ejercer mando, 30 años de experiencia en la guerra. Eso no se compra, no se consigue. Lo otro es que muchos son personas que se reincorporaron en sus lugares de origen, que tienen un liderazgo o unas habilidades que los llevaron a ser comandantes, y ahora están liderando proyectos para los que llegan la cooperación internacional, el Estado. Eso no le sirve a los actores armados que buscan el control territorial. Entonces los amenazan para que se les unan y, si no, los terminan desplazando o matando.

La magistrada, con suave acento cartagenero, termina la charla hablando, de nuevo, de las víctimas. Recuerda que el reciclaje de la guerra a quien más afecta es a las víctimas. Una extorsión, afirma, golpea mucho más a quien ya sufrió un secuestro. Genera terror, porque sabe, o siente, que es el inicio de un nuevo ciclo. Las víctimas sienten un temor constante, muchos tienen estrés postraumático. “Es terrible. Es gente que tuvo unos años de paz, una esperanza, que incluso vio a los que eran sus verdugos contándoles la verdad, pidiendo perdón. Era un momento de esperanza en el que pensaban cómo sería su reparación”.

A pesar de todo eso, Julieta Lemaitre sigue entusiasta con el proceso al que le ha dedicado casi una década de su vida. ”Estoy ilusionada. Aunque no controlo lo que vaya a pasar en Ibagué, pues la gente no llega libreteada, espero que salgan a la luz cosas que ya sabemos y ya han ocurrido en el proceso. Que se escuchen esas historias que muestran la grandeza del ser humano, lo mejor de la humanidad”.

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