Sometimiento o negociación política, la brecha que separa al Gobierno del Clan del Golfo

“Si se atreven, abrimos las mesas de negociación”. En sus propias palabras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dejado el balón en la cancha del Clan del Golfo, la banda del narcotráfico que representa uno de los mayores obstáculos a la política de paz total que se propone su Gobierno. “Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad, y meterse en este desafío que es difícil, que es transformar este territorio en una región próspera”, planteó el mandatario esta semana desde Apartadó, en Antioquia, una de las muchas zonas donde opera la organización armada más grande del país.

Petro habló de una “negociación jurídica” y de un “acogimiento colectivo a la justicia”. Esa propuesta fue respondida casi de inmediato por el Clan. En un comunicado firmado como Ejército Gaitanista de Colombia, la manera en que ahora se hace llamar, aceptaba sentarse a “negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia”. Allí donde el presidente insinúa un sometimiento, las cabezas del Clan esbozan una negociación política. A pesar de esa brecha, lo cierto es que el Gobierno abre la puerta a dialogar con el grupo heredero de los paramilitares, la pata que le ha faltado a la paz total, con la que se propone poner en marcha procesos simultáneos con diversos actores ilegales.

Hasta ahora, el presidente había amenazado con bombardear y destruir al Clan del Golfo, enfatizando su carácter criminal –”Gaitán era un revolucionario y no un traqueto”, deslizó en Apartadó–. Los acercamientos no habían prosperado. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o AGC, como también se solían identificar, son responsables de cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia en los últimos años y están muy involucrados en delitos como la extorsión, la minería ilegal o la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También en el paso récord de migrantes por las peligrosas rutas que atraviesan la frontera que separa a Colombia y Panamá, la espesa selva del Darién. Los analistas coinciden en que tienen una posición dominante en el mundo criminal. Además, mantienen guerras abiertas con la guerrilla del ELN y las disidencias del Estado Mayor Central, dos grupos que negocian con el Gobierno y han acordado ceses al fuego bilaterales –aunque el proceso con el EMC ha entrado en crisis–.

Incluir al Clan del Golfo –encabezado por Chiquito Malo después de la captura y extradición de Otoniel– es fundamental en el propósito de apagar la violencia que todavía arde en muchos lugares de Colombia, como busca Petro. Dos informes de destacados centros de pensamiento coincidían esta semana en plantear recomendaciones para ese eventual diálogo con un grupo que insiste en presentarse como una “organización político militar” y ha pasado de menos de 4.000 hombres en 2018 a más de 6.000 en la actualidad –una cifra que algunos cálculos elevan hasta 9.000 hombres–.

Para negociar con el grupo armado más grande de Colombia se necesita definir el lugar del sometimiento dentro de la estrategia de paz del Gobierno, apunta la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el informe La última negociación del Clan. “Es necesario construir y consensuar un marco jurídico. Hay que encontrar un adecuado balance entre la posibilidad de generar un nuevo marco jurídico para el sometimiento, que cuente con incentivos claros y efectivos para este grupo y, por otro lado, que respete la autonomía y lineamientos de la Fiscalía y del Gobierno Nacional frente a las posibilidades del sometimiento”, señala la FIP.

Desde su bastión en la costa atlántica, donde controla algunas de las principales rutas de narcotráfico y las redes de tráfico de migrantes, el Clan ejerce un control coercitivo sobre numerosas comunidades, observa por su parte el International Crisis Group (ICG) en La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas. “Si permanecen al margen de las conversaciones de paz, podrían socavar las negociaciones con otros grupos o sacar provecho de su desmovilización”, advierte el informe. “Es probable que ningún otro grupo armado contemple la posibilidad de deponer las armas mientras los gaitanistas estén asechando para apoderarse de sus antiguos territorios y negocios”, subraya. En otras palabras, para que la paz total pueda tener éxito se necesita integrar al Clan a las negociaciones, a pesar de ser considerado un grupo criminal más que una insurgencia política.

Nada en este proceso será fácil, concede el ICG. “El Gobierno no puede intentar dar el último paso (desmantelar a los gaitanistas y a sus redes) sin una nueva legislación”, señala. “Si se logra establecer una vía legal, el Estado aún enfrentaría dificultades para ofrecer incentivos suficientes que convenzan a los excombatientes a dejar las actividades criminales de manera permanente y al mismo tiempo hagan justicia para las víctimas y no ofendan a la opinión pública”. Los dos laboratorios de ideas coinciden en que la Policía y el Ejército deben continuar con sus operaciones para proteger a los civiles y presionar al Clan para que entable conversaciones. Si el Clan ha insistido en contactar en distintos momentos tanto al Gobierno como a la Fiscalía, es en gran medida por cuenta de ese despliegue.

“Al final, esta negociación tiene que darse fundamentalmente con la Fiscalía General de la Nación. Los términos van a ser lo de menos”, apunta sobre el reconocimiento político el analista Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, gobernanza criminal y seguridad. “En últimas, en términos prácticos, sí es una negociación, solamente que no es política sino judicial, a cambio de unos beneficios de justicia, económicos y unas garantías”, añade. Las fórmulas de justicia involucran temas de verdad, justicia y reparación, que incluyen el porcentaje de capitales que deben entregar, así como las garantías de seguridad jurídica y física de las personas que decidan acogerse. Otro aspecto es la transformación territorial y el reconocimiento de la inserción social de este grupo en lugares como el sur de Córdoba o Urabá, añade. Con algo más de dos años de Gobierno por delante, el tiempo apremia para enrutar un nuevo proceso en busca de la esquiva paz total.

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