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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República tiene en sus manos decidir la situación legal de las congresistas Heidy Juárez (Podemos Perú), Rosio Torres (Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (no agrupada), quienes han sido denunciadas por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión por el recorte de sueldos a sus trabajadores, conocido como el Caso “Los Mochasueldos”.
Según documentación obtenida por El Comercio, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, señaló en su denuncia constitucional que los hechos ilícitos cometidos por las parlamentarias estarían acreditados en suficiencia.
Este Diario accedió a las denuncias constitucionales presentadas contra Juárez Calle y Rosio Torres, en las que la fiscalía concluye que la primera hizo uso abusivo del cargo y tuvo una conducta contraria a la norma; mientras que Torres Salinas habría dispuesto el cobro de caudales indebidos para su beneficio personal.
Heidy Juárez y su conducta “dolosa”
Según la imputación realizada por la Fiscalía de la Nación, la parlamentaria Heidy Juárez sería presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, ya que abusando de su condición de congresista habría inducido a Luz Advíncula Rique, Edith Lorenzo Alejos y Henry Horna Pereira -a través de su asesor Miguel Chafloque- para que entreguen la suma de S/1.000 cada uno para beneficio personal y el de su padre Justo Juárez Nima, quien se encontraba postulando a una alcaldía.
En total, la parlamentaría habría obtenido S/3.000 de sus trabajadores, que luego de ser confrontada, procedió a devolver. Por ello, agrega la fiscalía, Calle habría actuado “de forma dolosa, esto es. con pleno conocimiento y voluntad” a través de su asesor.
La fiscalía señaló entonces que, “no existen mayores dificultades para determinar que la utilidad o beneficio indebido ha tenido como destino final a la investigada Heidy Juárez y Justo Juárez Nima (padre de la investigada)” .
“La trabajadora Luz Andvíncula señaló que en febrero del 2022 entregó S/1.000 como apoyo a la población, que se suponía la investigada debía destinar en su calidad de congresista de la República. De otro lado, Edith Lorenzo y Henry Pereira habrían sido persuadidos para que entreguen S/1.000 en el mes de febrero y marzo del 2022, respectivamente, para la campaña del padre de la mencionada parlamentaria. Lo que habría hecho un total de S/3,000.”
Fiscalía de la Nación
Para la fiscalía está probado el vínculo entre Juárez Calle y su asesor Miguel Ángel Chafloque quienes se habrían conocido en la universidad cuando cursaban la carrera de Derecho antes del 2009. Además, el asesor habría sido abogado del padre de la parlamentaria y dos testigos han vinculado directamente a la congresista con Chafloque desde antes que fuera electa y como el responsable de su campaña electoral.
Sumado a ello, a los pocos días de asumir el cargo, el 30 de julio del 2021, solicitó la contratación de Chafloque como Asesor II de su despacho congresal.
Como se recuerda, en setiembre del 2021 fue electa presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas en materia de mitigación de los Efectos Climáticos.
Para fines de setiembre de ese año ya tenía en su nómina de asesores a Luz Amparo Advíncula Rique (asesora principal), Edith Marleny Lorenzo Alejos y Henry Manuel Horna Pereira.
Sin embargo, fue en febrero del 2022 que, según la fiscalía, iniciaron los pedidos de dinero de la parlamentaria, a través de Chafloque Domínguez.
La primera fue Luz Advíncula a quien Chafloque le requirió, por encargo de Juárez Calle el aporte de S/1.000, que supuestamente tenía como fin brindar “apoyo a la población”. Fue así que, según un voucher aportado por la agraviada, el 23 de febrero procedió a realizar el abono luego de que el asesor le confirmara que la congresista tenía conocimiento sobre el pedido de dinero.
“En febrero del 2022 me solicitó apoyo, indicándome que la congresista Heidy Juárez Calle no se abastece con las ayudas a la población; (…) en razón a ello, Miguel Ángel Chafloque Domínguez me indicó que si podía unirme y apoyar con una iniciativa para apoyo a la población, solicitándome dinero para ello.”
Luz Advíncula en su declaración ante la fiscalía
En el segundo caso, Edith Lorenzo también fue requerida por Chafloque para que realice “contribuciones” a favor de la campaña de Justo Juárez Nima, padre de la citada legisladora, quien se postulaba para la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Paita, en Piura. El asesor le indicó a Lorenzo que los aportes serían de julio a octubre.
Tras recordar que la parlamentaria había comentado que haría todo lo posible para que su padre ganara y que dependía directamente de ella, la asesora procedió a depositar S/1.000 el 23 de febrero del 2023.
En marzo del 2022, según la fiscalía, el asesor Henry Horna “fue inducido” a entregar la suma de S/1.000 po Chafloque, quien una vez más indicó que se había acordado hacer la entrega de dinero para apoyar al padre de la congresista Juárez en su campaña electoral para la alcaldía de Paita.
En su caso, Horna Pereira habría referido que ante la falta de recursos económicos podría apoyar con una estrategia política y de marketing; sin embargo Chafloque le indicó que podía apoyar con eso, “pero que tenía que dar el aporte económico”.
Finalmente, según declaró el mismo Horma, Chafloque le prestó los S/1.000 que terminó entregando el 21 de marzo del 2022.
El 4 de abril del 2022, y ante el reclamo de sus trabajadores, Juárez se reunió con estos y aseveró que se había enterado de los pedidos que realizaba Chafloque, por lo que dispuso cancelar dicha orden y que se le devolviera el dinero a cada uno de los asesores que habían realizado entregas de dinero.
Pese a ello, el 11 de abril del 2022, la congresista Juárez Calle dispuso promover a Chafloque de Asesor II y lo nombró como su asesor principal.
“Este proceder sugiere que Juárez Calle no habría tomado acciones ante el actuar del referido funcionario, ya que este habría actuado bajo sus órdenes y en coordinación con la referida parlamentaria.”
Juan Carlos Villena, Fiscalía de la Nación
Por ello, la Fiscalía de la Nación señaló en su denuncia constitucional que “se constata el abuso del cargo que habría desplegado la ahora investigada Heidy Juárez Calle” al haber hecho mal uso de su condición de Congresista de la República y presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de los Efectos climáticos y como tal, jefa inmediata de Luz Advíncula, Edith Lorenzo y Henry Horna para inducirlo a que realicen actos de disposición patrimonial por la suma de S/1.000 entre el mes de febrero y marzo del 2022.
“Los actos de investigación practicados a la fecha, la conducta desplegada por la investigada Heidy Juárez, en su condición de congresista de la República, sería contraria a la norma y no se encontraría comprendida en ninguna causal de justificación prevista en el código penal.”
Fiscalía de la Nación
126 elementos de convicción en contra de Rosío Torres
En el caso de Rosio Torres, la Fiscalía de la Nación ha presentad 126 elementos para sustentar los presuntos actos de corrupción de la congresista que se habría beneficiado del recorte de sueldo de sus trabajadores por la suma aproximada de S/76.500 que fueron destinados, entre otras cosas, para la adquisición de perfumes, pagos a periodistas de Iquitos, pasajes aéreos, etc.
Y es que, según la imputación fiscal, abusando del cargo de congresista de la República y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Torres Salinas habría doblegado la voluntad de los servidores a su cargo, “a quienes los habría obligado a través de terceras personas (Cecilia del Pilar Salazar Mattos, Juan Daniel Pérez Guerra y Nathali Flor Rubio Yllatopa) a entregar para sí, un beneficio económico derivado de sus remuneraciones y bonos excepcionales asignados por el Congreso de la República”.
El dinero, según las pesquisas, era transferido especialmente a Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la congresista a quien los trabajadores de esta le depositaban constantemente dinero.
Según diversas referencias de las entregas de dinero citadas por la fiscalía Hans Rodríguez habría entregado S/18.750, Jesús Sierra S/10.100, Estefanía Calvo S/7.600, Nathali Rubio S/5.500, Mirtha TitoS/2.100, Romer Vela S/6.600, Cecilia Salazar S/13.200 , César Macedo S/9.600, Abigail García S/2.000 y Moisés Panduro S/600.
“En el presente caso, la conducta desplegada por Rosio Torres Salinas no presenta mayores inconvenientes para determinar que ha cometido el ilícito en calidad de autora, ya que esta habría obligado a los servidores a su cargo, la entrega de un beneficio económico para sí.”
Juan Carlos Villena, Fiscal de la Nación
Según la denuncia constitucional, la congresista habría obligado, a través de terceros, a los trabajadores a entregar un beneficio económico mensual para sí a cambio de permanecer en sus respectivos puestos laborales.
Sobre esto, según se narra entre los elementos de convicción, el aspirante a Colaborador Eficaz N° 01-103-2023-FISCALÍADELANACIÓN quien señaló ante la fiscalía que Torres Salinas despidió a Hans Rodríguez Vela, quien laboraba en su despacho por negarse a entregar las “cuotas” para la congresista.
“Tengo conocimiento que el 21 de octubre de 2022, Hans Rodríguez Vela, debido a que se estaba negando a entregar las cuotas para la congresista Rosío Torres Salinas esta lo despide y ese día Hans Rodríguez le escribió vía WhatsApp a Nathali Rubio indicándole ‘la jefa me llamó a su oficina y me dijo en resumen que estoy afuera, un nuevo técnico va entrar estos días [...] ayer no más entregué mi cuota y ahora estoy fuera, quedo al aire.”
Colaborador Eficaz N° 01-103-2023-FN
No solo el sueldo, Torres Salinas dispuso que sus trabajadores, tanto del despacho congresal como de la Subcomisión, entreguen parte de los bonos que el Congreso otorgaba al personal administrativo.
Además, según el colaborador eficaz ante señalado, aseveró que la congresista incluso, recibía el dinero que era depositado por sus trabajadores y luego retirado del banco por Nathaly Rubio, en su despacho dentro de sobres.
“En el presente caso, no hay mayores dificultades para para sostener que la utilidad o beneficio indebido ha tenido como destino final los caudales de la investigada Rosío Torres Salinas.”
Fiscalía de la Nación
La fiscalía también detectó actos de obstaculización durante las investigaciones que realizó, citando que los testigos Cecilia del Pilar Salazar Mattos, Moisés Panduro Coral, Romer Antonio Vela Flores apersonaron como su defensa técnica al abogado José Bardales Ortiz. Este, agrega, tendría cercanía con Torres Salinas puesto que ha participado como defensa técnica en distintos procesos seguidos contra el excongresista Fernando Meléndez Celis, esposo de la parlamentaria.
“Han apersonado como defensa técnica al letrado José Bardales Ortiz, quien como un acto de dilatar el presente ha presentado en indistintas oportunidades solicitudes de reprogramación de declaración de los mismos; advirtiéndose además que sus declaraciones habrían estado orientadas a eximir la participación de la investigada Rosio Torres Salinas en los hechos materia de investigación”, señaló la fiscalía.
Otro caso
Congresista Katy Ugarte
Tal como lo dio a conocer El Comercio, en el caso de la congresista Katy Ugarte (No agrupada), la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias de dinero desde las cuentas de sus trabajadores hacia las de la parlamentaria.
En uno de los casos, octubre del 2023, Roger Torres Pando le transfirió S/30.000; mientras que en noviembre del 2022, Robert Lázaro le depositó S/5.000.
La IUF también detectó que la hija de la congresista le realizó dos depósitos de marzo del 2022 y enero del 2023, por las sumas de S/34.000 y US$16.700, respectivamente.
Dicha información forma parte de la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en contra de la Ugarte por el presunto delito de concusión, en el caso los “Mochasueldos”.
