Gobierno de Trump revoca protección de deportación a 600.000 venezolanos
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla con empleados del departamento a su cargo el martes 28 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)
WASHINGTON (AP) — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump revocó una decisión que habría protegido a aproximadamente 600.000 personas de Venezuela de ser deportados, lo que pone a algunos de ellos en riesgo de ser expulsados del país en unos dos meses.
Noem firmó un aviso para revertir una decisión tomada por su predecesor, Alejandro Mayorkas, en los últimos días del gobierno del presidente Joe Biden para extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El cambio entra en vigor inmediatamente y se produce en medio de una serie de acciones sobre inmigración mientras el gobierno del presidente Trump trabaja para cumplir las promesas de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y llevar a cabo los esfuerzos de deportación masiva más grandes en la historia de Estados Unidos.
“Antes de que abandonara su puesto, Mayorkas firmó una orden en la que estipuló que iban a extender esta protección por 18 meses para las personas que cuentan con el Estatus de Protección Temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses”, comentó Noem durante una visita al programa “Fox and Friends”.
“Nosotros detuvimos eso”, afirmó Noem.
Expertos y defensores señalaron que el efecto inmediato entre las personas que se vean afectadas por la decisión será de incertidumbre y miedo.
“Estoy asustada aunque estoy aquí legalmente y entre legalmente”, comentó Caren Añez, una madre soltera de 41 años de edad que solicitó el TPS en 2023 y lo recibió en 2024, luego de llegar a Estados Unidos con una visa de turista. “Estoy angustiada, viendo de qué otra manera puedo quedarme aquí legalmente”.
Añez dijo que salió de Venezuela porque temía ser arrestada por trabajar como periodista independiente para un sitio venezolano. Actualmente, trabajaba como gerente de una oficina en Texas y comentó que regresar a casa no es una opción.
“No podemos entrar a Venezuela porque mi vida corre peligro”, señaló.
Más de 7,7 millones de venezolanos han dejado su país natal desde 2013, cuando su economía se desmoronó y el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo. La mayoría se estableció en América Latina y el Caribe, pero después de la pandemia de coronavirus, cada vez más migrantes pusieron la vista en Estados Unidos.
Se prevé que el deseo de los venezolanos por mejores condiciones de vida y su rechazo a Maduro y sus políticas sigan impulsando a la gente a emigrar.
Antes de las elecciones presidenciales del año pasado, una encuesta nacional realizada por la firma de investigación venezolana Delphos mostró que cerca de un cuarto de la población pensaba en emigrar si Maduro era reelegido. A principios de este mes, Maduro asumió un tercer mandato de seis años a pesar de evidencia creíble de que perdió las elecciones de julio por un margen de dos a uno.
Bajo la prórroga del gobierno de Biden, el TPS para los venezolanos se extendió hasta octubre de 2026. Eso ahora se revierte a dos designaciones separadas: una que expira en abril y otra en septiembre.
Los venezolanos perderían su capacidad de trabajar en Estados Unidos y estarían en riesgo de ser deportados.
Noem tiene hasta el sábado para decidir qué hacer sobre el grupo cuya protección expira en abril, y tiene hasta el 12 de julio para el grupo cuya protección expira en septiembre. Si no hace nada, el TPS se prorroga automáticamente por otros seis meses.
Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita las opciones de deportación.
Las regulaciones federales permiten que las extensiones terminen anticipadamente, aunque eso rara vez se ha hecho, y grupos interpusieron demandas cuando Trump tomó medidas para poner fin al TPS durante su primer mandato.
La Alianza Nacional TPS, un grupo de defensa, señaló el miércoles que está preparada para impugnar esta decisión en la corte.
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar que se lleven a cabo deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles, lo que otorgó a las personas autorización para trabajar en prórrogas de hasta 18 meses a la vez.
Aproximadamente 1 millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, incluyendo personas procedentes de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Ucrania y Líbano. Los venezolanos son uno de los mayores beneficiarios.
La designación del TPS otorga a las personas autoridad legal para estar en el país pero no proporciona un camino a largo plazo para que obtengan la nacionalidad. Dependen de que el gobierno renueve su estatus cuando expira. Los críticos han dicho que con el tiempo, la renovación del TPS se vuelve automática, independientemente de lo que esté sucediendo en el país de origen de la persona.
Además de los venezolanos, el gobierno de Biden también extendió en sus últimos días la protección de más de 230.000 salvadoreños, 103.000 ucranianos y 1.900 sudaneses que viven en Estados Unidos.
Noem no dijo qué sucedería con ellos, y el aviso del DHS sólo se refiere a los venezolanos.
El cambio de política fue reportado por primera vez el martes por The New York Times.
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La periodista de The Associated Press Regina García Cano en Caracas, Venezuela, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Salomon es una periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigracion.