La Fiscal�a de la Audiencia Nacional defendi� ayer que no es aplicable la nueva ley que recorta el principio de justicia universal a las dos causas en las que se investigan posibles cr�menes de genocidio y lesa humanidad que habr�an cometido altas autoridades marroqu�es contra la poblaci�n del S�hara. El criterio fiscal es que deben seguir abiertas porque, �por la legalidad internacional, ese territorio no puede ser considerado marroqu�� y, en consecuencia, �Espa�a de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora�.
La reciente reforma de la justicia universal, que ha provocado un intenso debate p�blico, impide que los tribunales espa�oles se atribuyan jurisdicci�n sobre delitos de lesa humanidad que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, excepto cuando el procedimiento �se dirija contra un espa�ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa�a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa�a y cuya extradici�n hubiera sido denegada por las autoridades espa�olas�. No es el caso de ninguna de las causas referidas al S�hara, en el que todos los imputados son marroqu�es residentes en su pa�s.
Los fiscales sostienen, sin embargo, que debe tratarse el caso como si los delitos denunciados se hubieran cometido en Espa�a, lo que evitar�a el sobreseimiento.
La querella m�s antigua, admitida en 2007 por el entonces juez Baltasar Garz�n, describe �el plan sistem�tico de eliminaci�n del pueblo saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada� por el Ej�rcito de Marruecos desde la ocupaci�n del S�hara, precis�ndose casos concretos entre 1975 y 1980. Trece altos cargos est�n imputados.
Antigua provincia espa�ola
El fiscal Jos� Perals ha presentado un escrito ante el actual instructor, Pablo Ruz, en el que argumenta que el S�hara Occidental �era territorio espa�ol cuando comenzaron a cometerse los delitos objeto del presente procedimiento y adem�s se cometieron contra espa�oles o personas con derecho a la nacionalidad espa�ola�. La competencia �se extiende a los hechos posteriores� al abandono de la antigua provincia por Espa�a y la consiguiente ocupaci�n por Marruecos porque �son plenamente conexos con los iniciales�.
M�s llamativa es la posici�n del fiscal respecto del segundo de los procedimientos, que se dirige contra los ministros marroqu�es de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores y contra el gobernador de la ciudad de El Aai�n. La querella se refiere al desalojo violento entre octubre y noviembre de 2010 del Campamento de la Dignidad, en el que fue asesinado el ciudadano saharaui con nacionalidad espa�ola Baby Handay Buyema, adem�s de otras 18 personas. Hubo centenares de heridos.
Marcha Verde
Aunque en 2010 hab�an pasado 35 a�os desde que Espa�a hab�a abandonado el S�hara, el fiscal Pedro Rubira recuerda al juez Ismael Moreno que los Acuerdos de Madrid, por los que nuestro pa�s cedi� en 1975 a la presi�n de la Marcha Verde y acept� traspasar la gesti�n de ese territorio a Marruecos y Mauritania, han sido declarados nulos por la ONU.
Por ello, �Espa�a de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora� del S�hara, condici�n que adquiri� con su ingreso en la ONU, y contin�a por tanto obligada a procurar �el bienestar de los habitantes de ese territorio� y �su protecci�n contra todo abuso� hasta que finalice la descolonizaci�n, lo que s�lo suceder� legalmente a trav�s de un refer�ndum.