Los morenistas y demás miembros de la coalición gobernante no cejan en su empeño de buscar validar a su favor la letra del artículo 54 de la Constitución. A la luz de éste, ningún partido político podrá contar con una sobrerrepresentación mayor al 8 por ciento del total obtenido para el Congreso federal.

Existen dos visiones. La primera busca interpretar el citado artículo a la letra. Con base en esta interpretación, cada uno de los tres partidos de la coalición ganadora (léase, Morena, PT y Verde) contaría con el derecho de tener, por cada uno, hasta el 8 por ciento. La presencia mayoritaria ascendería al 24 por ciento, lo que se traduciría en una mayoría calificada en el Camara de Diputados.

Los partidarios de la segunda visión buscan hacer prevalecer la idea de que el espíritu del artículo 54, y por tanto, la voluntad del Constituyente de 1996 (año de la reforma) reside en que ningún proyecto político (trátese de un partido o una coalición) debe contar con un porcentaje mayor al 8 por ciento de diputados plurinominales. Bajo esta lectura, Morena y sus aliados no sumarían el número de pluris necesario para alcanzar la mayoría calificada.

La discusión se centra, pues, en la interpretación que el INE y el Tribunal Electoral harán del 54. A mi juicio, y suscribo la idea de especialistas en materia constitucional, debe prevalecer el espíritu de 1996, y por tanto, ningún político o coalición debe superar el 8 por ciento, y aun menos, sumar más de trescientos diputados en la Cámara Baja.

Esta discusión jurídica tiene una importancia mayor pues de ello derivará la posibilidad del atropello legislativo eventualmente perpetrado por Morena y sus aliados sobre la oposición.

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Lo que sí que debe imperar es el principio constitucional de que ningún partido político, por más mayoritario que sea, cuente con las competencias para hacer reformas a la Carta Magna sin el apoyo de legisladores de la oposición.

Desafortunadamente, según se vaticina a raíz de la tibieza mostrada por las autoridades electorales frente al gobierno, el Tribunal se inclinará hacia la primera interpretación, lo que conllevará el dominio absoluto e incontestado de Morena y sus aliados.