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La reforma laboral cambió, pero aún no convence a los gremios

Esta reforma eliminó más de 20 artículos, 39 tuvieron proposición o modificación, pero analistas y empresarios siguen preocupados por su impacto en el empleo.

  • La ministra Gloria Inés Ramírez celebró el pasado martes 18 de junio la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. FOTO el colombiano.
    La ministra Gloria Inés Ramírez celebró el pasado martes 18 de junio la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. FOTO el colombiano.
23 de junio de 2024
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Si algo está claro es que más de un empresario, trabajador y sindicalista están atentos a lo que sucede con la reforma laboral. Hay que reconocer que se trata de un proyecto de ley que busca cambios estructurales que, sin duda, impactarán el mercado laboral en el país.

La cuestión es que esa transformación genera una gran fractura de fondo que difícilmente podrán resolver los gremios productivos, que vaticinan un incremento de la informalidad si se aprueba; y los defensores del proyecto, que alegan la recuperación de la dignidad para el trabajador.

Y es que el Gobierno parece empecinado en lograr la luz verde para sus reformas. De hecho, recientemente aprobó por medio de una proposición la pensional, que ya muchos daban por hundida ante el poco tiempo de legislatura que restaba. Luego, el 18 de junio, obtuvo otra pequeña victoria con la aprobación en primer debate.

Lo cierto es que la laboral ha recibido cuestionamientos de empresarios y analistas, que han advertido sobre un impacto negativo en el mercado laboral colombiano, lo que ha dificultado su paso por el legislativo.

En marzo del año pasado se conoció la radicación del proyecto de dicho documento en el Congreso. En un acto simbólico en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sostuvo que la iniciativa “empoderaría al pueblo trabajador”; tres meses después terminó hundido en el recinto legislativo.

Sin embargo, el Gobierno volvió a presentar el proyecto, pero no la tuvo nada fácil, fue necesario realizar varios cambios para consolidar mayorías en Comisión Séptima de Cámara. No es un secreto que esta es diferente a la original.

De hecho, la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reconoció que la ponencia incluía 94 artículos, de los cuales se aprobaron 36 sin cambios, 39 puntos tuvieron proposición o modificación y 23 fueron eliminados, pero, además, se incluyeron seis nuevos que fueron aprobados.

Algunos críticos aseguran que la reforma quedó coja, pues la gran parte de los artículos borrados obedecían a su ala sindical, ya que hacían parte de un paquete de puntos sobre derechos colectivos y la defensa de la huelga, lo que no cayó bien en las organizaciones sindicales simpatizantes del Gobierno. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, comentó que la reforma debe ser la suma de la recuperación de derechos individuales, como los recargos nocturnos y dominicales; y los derechos colectivos, que hacen alusión a la asociación, negociación y huelga para los empleados.

Si bien indicó que seguirán acompañando la reforma, fue tajante en que son compromisos internacionales de gobiernos anteriores y que respaldaron los empresarios. “Para nosotros son indispensables y recuperarlos será nuestro principal énfasis”, expresó.

Al respecto, María Fernanda Carrascal, representante ponente, le contestó a EL COLOMBIANO que ningún proyecto de ley sale del debate como entra. Añadió que sufren transformaciones, mejoras y en algunos casos se dañan. “Es consecuencia del diálogo, negociaciones, concertaciones y principalmente de la correlación de fuerzas políticas dentro del Congreso”, dijo.

Añadió que la bancada de gobierno ha defendido el corazón de la reforma, que radica en la estabilidad laboral, en la equidad de género, en la eliminación de las violencias en los espacios de trabajo, y la recuperación de los derechos colectivos.

¿Una reforma mejor?

Analistas consultados por este diario piensan muy diferente y coincidieron en que la reforma laboral que salió de la Comisión Séptima es mejor que la que entró, pero siguen considerándola una amenaza para el mercado laboral.

Por ejemplo, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, argumentó que la reforma insiste en aumentar los costos de vinculación laboral, en inflexibilizar la entrada y salida de los trabajadores de las empresas, y en centrar el modelo de contratación a término indefinido, pero el mundo lo que busca es ser más flexible en materia de contratación.

El académico se refiere al artículo seis. Este señala que el contrato de trabajo a término fijo podrá celebrarse por 4 años (antes estaba en 3 años); si se excede de ese plazo se entenderá que es un contrato a término indefinido.

Además, el contrato a término indefinido queda establecido como el principal para establecer relaciones laborales; sin embargo, no se eliminan los contratos fijos, ni los de prestación de servicios.

Asimismo, se prohibieron los contratos sindicales. Los ponentes del proyecto manifestaron que estos debilitan el ejercicio de la asociación sindical, pues están siendo usados como estrategia de intermediación laboral ilegal, afectando a los trabajadores del sector salud, donde se encuentran más de 97% de dicha modalidad contractual, según cifras del Ministerio del Trabajo.

No se puede dejar de lado la recuperación de las jornadas nocturnas y dominicales. La ponencia sostiene que el recargo nocturno se pagará a partir de las 7:00 p.m. Eso significa que se reconocerá con dos horas de anticipación, pues actualmente se remunera a partir de las 9:00 p.m.

En cuanto a la recuperación progresiva de las horas dominicales y festivos, este será del 100% de manera voluntaria, no obstante, a partir de julio de 2026 sería obligatorio.

Sobre las críticas que parte de estas medidas generan un mayor costo, el Gobierno contesta que se trata de algunos gremios que sostienen que la reforma traerá afectaciones.

“La verdad es que reducir costos empresariales para generar empleo no funciona. Esa afirmación no tiene sustento teórico ni empírico. De hecho, la Ley 789 de 2002 que redujo costos laborales y precarizó el empleo formal, se introdujo supuestamente para crear 600.000 empleos; no obstante, estudios demostraron que no generó empleo, incluso, algunos sugieren que destruyó empleos”, señaló Carrascal.

Pero no solo los gremios cuestionan la reforma. Desde el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana se señala que la ponencia conserva un problema de base: no resuelve el problema de la informalidad, por el contrario, insisten, los eleva.

Carlos Adolfo Prieto, investigador del observatorio, comentó que esta reforma se queda en un modelo de relación laboral dependiente que se defendía al modelo de la Segunda Revolución Industrial (principios del siglo XX). El problema es que hoy se habla de la cuarta revolución, que trae dinámicas laborales diferentes y más flexibles, por lo que considera que la reforma debería ser integral con el Código Sustantivo del Trabajo y actualizarlo, pues no se toca desde hace 74 años.

Mayores costos

La tesis de los gremios y analistas es sencilla: una micro, pequeña o mediana empresa no dará un paso hacia la formalidad si tiene que asumir mayores costos por su personal.

Hay una alerta sobre algunos sectores en específico (como restaurantes y hoteles) a raíz de la restauración de la jornada nocturna y el regreso de las horas dominicales, ya que estos negocios operan con un personal de una forma mucho más flexible, como los restaurantes, que en ocasiones contratan trabajadores por solo unas horas en la noche.

Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica (Acodres), aplaude que la Comisión Séptima tuvo en cuenta varias de las observaciones que expresaron, pero, en su concepto, la reforma es innecesaria y la considera una amenaza para la sostenibilidad empresarial.

El líder gremial contó que el sector cuenta con unos 110.000 restaurantes en el país, de los cuales 70.000 son informales. Y se estima que tiene 420.000 trabajadores directos. Los informales pueden llegar a ser cerca de 1 millón.

La inquietud del sector obedece a que las cifras de informalidad crezcan, pues según registros de Acodres, en 2023 se cerró con una contracción en ventas de 27% y en lo corrido de 2024 han facturado un 24% menos frente a los mismos meses del año pasado.

El alegato de Gómez obedece a que la reforma puede concretar muchas de sus iniciativas a través del Estatuto Laboral, ya que este brinda herramientas para proteger los derechos de los trabajadores. Afirmó que el gremio apoyaría un proyecto encaminado a mejorar la productividad.

El meollo de fondo es que los gremios sienten que el Gobierno no comprende que cerca del 95% del tejido empresarial en Colombia está conformado por microempresas, por lo que consideran que estuviera legislando solo para los grandes empresarios.

Diagnóstico del sectro agro

El Gobierno celebró la aprobación de los artículos 34 y 35 que hablan del jornal agropecuario, que establece que no puede ser menor a un salario mínimo, y crea un contrato agropecuario para dicho sector.

La realidad es que el diagnóstico desde el sector agropecuario no se distancia mucho del resto de gremios que ven con desconfianza la reforma. La Sociedad de Agricultores contó que la informalidad en el campo asciende a 84%. Uno de los factores que incide en esa cifra obedece a la ausencia de un régimen laboral adecuado para el campo, donde muchos de los trabajos son estacionales y flexibles, es decir, un trabajador puede realizar varias laborares en distintas fincas en un solo día.

Jorge Bedoya, presidente de la SAC, contó que por esa razón propusieron un régimen que corrigiera la situación. Y dijo que este Gobierno fue el primero en interesarse y tomó la propuesta, pero desechó muchos de los aspectos críticos que incluyó el gremio, por ejemplo, los articulo 34 y 35 no quedó contemplado que en el campo se pudiera contratar por el tiempo efectivamente laborado.

En contraste, se adicionó un punto que inquieta al gremio. Se trata del artículo 38, que habla del trabajo familiar comunitario remunerado. “Dice que si hay un trabajo subordinado que se haga por más de 15 horas a la semana se le aplicarán las reglas del contrato laboral o agropecuario, no se sabe si esas horas son continuas o discontinuas. Entonces creemos que puede resultar peor el remedio que la enfermedad”.

La cuestión es que, al parecer, no será fácil que el Gobierno saque adelantes este proyecto sin seguir logrando consenso tanto con la oposición como con los gremios y empresarios. Esto porque, como se mencionó anteriormente, la preocupación del sector productivo prevalece e, incluso, califican de innecesaria la laboral. Carlo Prieto, analista del Observatorio Laboral, aportó algunas palabras sobre la situación: “Tenemos que ser capaces como sociedad de abrir espacios de diálogos y concertación, yo soy partidario de que si esta reforma ya pasó el primer debate, se abra espacio y escuchen nuevas voces para construir algo mejor”.

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