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Mancuso: el cerebro paramilitar que convirtieron en gestor de paz
El exjefe paramilitar estaba privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Una vez excarcelado se reunió con su familia, según sus abogados.
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El exparamilitar Salvatore Mancuso quedó en libertad para convertirse en gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro. Dicen que aportará en el desarme de grupos que adoptaron sus prácticas criminales. FOTO cortesía
10 de julio de 2024
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El 10 de diciembre de 2004, Salvatore Mancuso gozó por última vez de la libertad. Ese día se entregó a la justicia a través de un proceso masivo de desmovilización y desde entonces estuvo tras las rejas en Colombia y Estados Unidos.
Hoy, 20 años después, el temido exjefe paramilitar vuelve a ser un hombre libre. Se trata de una de las noticias más importantes de la historia del conflicto y la guerra en el país, tan padecida como sufrida.
Mancuso pese a ser el líder de máquinas de guerra, cerebro de macabros planes de exterminio, determinador de innumerables desplazamientos, homicidios, violaciones a los derechos humanos y fundador del sanguinario paramilitarismo, obtuvo su pase a la libertad gracias a los beneficios que puso a su alcance el Gobierno de Gustavo Petro. Lo nombró gestor de paz cuando aún era reo en una cárcel de Estados Unidos donde pasó más de 17 años por narcotráfico.
Esa designación legalizó la logística para que Mancuso pasara de estar en una cárcel gringa a pasearse por las calles de Colombia como mediador de paz, entre los grupos paramilitares que adoptaron sus viejas prácticas y el Gobierno Nacional.
Sin más, fue deportado el pasado 27 de febrero; se pensó inicialmente que sería cuestión de uno o dos días, mientras surtían los trámites legales, para que quedara en libertad. Sin embargo, no fue así.
Resulta que en las primeras audiencias en las que reclamaba la libertad, apalancado en el decreto que lo convirtió en gestor de paz, Mancuso se encontró con magistrados de Justicia y Paz que le recordaron las deudas pendientes con miles de víctimas en el país. Tenía más de 60.000 hechos criminales por los que aún no había respondido.
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Y así se le fueron pasando las semanas, preso en La Picota y en audiencias donde un tribunal le daba la libertad y el siguiente se la negaba. Entró en un laberinto jurídico de decisiones contrarias, pero que de manera calculada junto con sus abogados logró salir avante. Una estrategia de recursos, aclaraciones, solicitudes y más, además de la modesta presión del Gobierno, surtieron el efecto esperado de la excarcelación.
Aunque hubo muchas decisiones encontradas y no todas en el mismo sentido, la definitiva la emitió el pasado 4 de marzo una jueza de Justicia y Paz. En ese momento la magistrada, por petición de la defensa, acumuló todos los procesos que mantenían a Mancuso en La Picota, y profirió fallo a su favor.
Sustituyó las 57 medidas de aseguramiento por medidas “no privativas de la libertad”. Además, ordenó al Inpec expedir la debida boleta de salida. Eso, sin embargo, no fue inmediato. El Inpec se tomó más de dos meses para remitir 31 oficios a los despachos judiciales entre Fiscalías, Juzgados, Tribunal Superior, Unidad Nacional de Lavado de Activos, Justicia Transicional, Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que cada uno informara si tenían algún pendiente con el ahora gestor de paz o en su contra proferidas medidas de aseguramiento.
Una vez fueron allegadas todas las respuestas y notificaciones, el Inpec procedió con el trámite de libertad.
Salió del centro penitenciario custodiado por un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) de cuatro camionetas blindadas y varios escoltas, quienes deberán garantizar la vida y seguridad del exjefe de los paramilitares.
Según sus abogados, el primer encuentro de Mancuso, como hombre libre, fue con su familia. Se prevé que se radique en la ciudad de Medellín como ordenó la juez que le acumuló procesos y concedió la libertad. No podrá desplazarse a las zonas donde tuvo injerencia criminal.
“Esa restricción en su caso concreto tiene en cuenta no solo el rol que tuvo Mancuso en las Autodefensas Unidas de Colombia, donde está documentado que fue uno de sus fundadores, líderes y comandantes”, dijo la magistrada.
Entre estas regiones están Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. Además, de los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado.
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Si quisiera viajar a esos lugares, o su tarea como gestor de paz requiriera de su presencia allí, él mismo o el alto comisionado para la Paz, deberán enviar un comunicado oficial al actual despacho, con un plazo de cinco días hábiles, para que la jueza le otorgue un permiso temporal.
La libertad a prueba de la que gozará Salvatore Mancuso durante cuatro años tiene varias restricciones, pues de entrada esta figura se impone para vigilarlo en este periodo de tiempo mientras se decide si es apto para recobrar la libertad total.
Mancuso, por ejemplo, tendrá que presentarse cada tres meses ante una autoridad judicial de Medellín. En caso de cambiar de lugar de residencia deberá notificarlo con anterioridad a la autoridad competente, entre otras disposiciones.
Actualmente, Salvatore Mancuso tiene abiertos varios procesos judiciales en diferentes etapas por 65.067 hechos criminales por los que se emitirían 45 sentencias adicionales en su contra, según Justicia y Paz.
La justicia colombiana también lo vincula a múltiples masacres como la de Pichilín en Sucre, la masacre de Tasajera y El Salado en Bolívar, y otras más.
“Se considera pertinente de oficio solicitar al director de la UNP que proceda a realizarle de manera inmediata un estudio de riesgo a Salvatore Mancuso Gómez, aunque esté privado de la libertad (...) para que, con base en el resultado, desde el instante en que se materialice su libertad, se le garanticen sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal en debida forma”, concluyó la magistrada.
Las víctimas
La llegada a Colombia de Salvatore Mancuso, es el hecho más controversial de los últimos años y de la historia del país con los crímenes de los paramilitares. Aviva el recuerdo del horror padecido por cientos de campesinos de las zonas rurales a manos de los sanguinarios hombres al mando de Mancuso, los hermanos Castaño, Ramón Isaza y otros temerarios.
La mayoría se acogió a la Ley de Justicia y Paz en el año 2004, y prometieron verdad, justicia y reparación a cambio de la reducción de sus penas. Sin embargo, las víctimas siguen esperando esa verdad, esa justicia y esa reparación. Guardan en sus bolsillos las fotos ya desgastadas de sus parientes asesinados o desaparecidos; esperan por el cara a cara con los victimarios confían en que el rostro de su familiar sea reconocido y que sobre su paradero se dé alguna pista. “Así sea que encontremos sus restos, necesitamos algo sobre lo que podamos llorar”, dicen.
Esperan que una vez libre, el excomandante criminal entregue información real para el esclarecimiento de cientos de hechos que siguen en la impunidad, generando dolor en miles de familias colombianas.
