24.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 135/1

(1)

La parte II, título I, capítulo II, sección 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece un programa de consumo de frutas y hortalizas y un programa de consumo de leche en los centros escolares.

(2)

La experiencia adquirida con la aplicación de los programas escolares actuales junto con los resultados de las evaluaciones externas y el subsiguiente análisis de las diferentes opciones estratégicas y de las dificultades sociales a las que se enfrentan los Estados miembros, apunta a la conclusión de que es de suma importancia la continuación y el refuerzo de ambos programas escolares. En un contexto como el actual —caracterizado por un consumo en declive de frutas y hortalizas frescas y de productos lácteos, especialmente entre los niños, y por el aumento del sobrepeso entre los niños debido a la tendencia al consumo de alimentos muy transformados y, a menudo, con un alto contenido en azúcares, sal, grasas o aditivos añadidos—, conviene que las ayudas que presta la Unión para financiar el suministro a los centros escolares de una selección de productos agrícolas contribuyan en mayor medida a fomentar unos hábitos alimentarios saludables y el consumo de productos locales.

(3)

El análisis de las diferentes opciones estratégicas indica que la adopción de un enfoque unificado, dotado de un marco jurídico y financiero común, es la más adecuada y efectiva para la consecución de los objetivos específicos que persigue con los programas escolares la política agrícola común. Tal enfoque permitirá que los Estados miembros puedan, sin sobrepasar los límites de un presupuesto fijo, maximizar el impacto de la distribución y aumentar la eficacia de su gestión. No obstante, para tener en cuenta las diferencias existentes entre las frutas y hortalizas, plátanos incluidos, y la leche y los productos lácteos, esto es, entre las «frutas y hortalizas para los centros escolares» y la «leche para los centros escolares» según se define en el presente Reglamento, y sus cadenas de suministro, hay ciertos elementos como, por ejemplo, sus respectivas dotaciones presupuestarias, que deben mantenerse separados. Por otra parte, a la vista de la experiencia adquirida con los programas escolares actuales, la participación de los Estados miembros en el programa escolar debe seguir siendo voluntaria. Habida cuenta de los diferentes modelos de consumo que presentan, es preciso brindar a los Estados miembros y a las regiones que participen la posibilidad de elegir, en el contexto de sus estrategias, cuáles de entre los productos elegibles desean suministrar a los niños en los centros escolares. Los Estados miembros también pueden considerar la posibilidad de introducir medidas específicas para abordar la reducción del consumo de leche en el grupo destinatario.

(4)

En la actualidad se registra una tendencia a la baja en el consumo de frutas y hortalizas frescas y de leche de consumo. Es, pues, oportuno centrar de forma prioritaria en esos productos la distribución que contemplan los programas escolares. Esta focalización, que guarda sintonía con lo que ya hoy es la tónica general —los productos en cuestión son precisamente los que más se distribuyen en el marco de los programas actuales— contribuirá a reducir la carga organizativa para los centros escolares y reforzará el impacto de los suministros sin sobrepasar los límites del presupuesto. Sin embargo, para seguir las recomendaciones nutricionales en materia de absorción del calcio y fomentar el consumo de productos específicos, o para responder a las necesidades nutricionales particulares de los niños en su territorio, y dados los problemas crecientes en relación con la intolerancia a la lactosa de la leche, es preciso permitir que los Estados miembros distribuyan otros productos lácteos sin adición de aromatizante, frutas, frutos secos o cacao, siempre que distribuyan ya leche de consumo y sus versiones sin lactosa, como el yogur y el queso, que poseen efectos beneficiosos para la salud de los niños. Es preciso permitir también que los Estados miembros distribuyan productos transformados a base de frutas y hortalizas, siempre y cuando distribuyan ya frutas y hortalizas frescas. Asimismo, deben realizarse esfuerzos para garantizar la distribución de productos locales y regionales. En caso de que los Estados miembros lo consideren necesario para la consecución de los objetivos del programa escolar y de los objetivos establecidos en su estrategia, se les debe permitir completar la distribución de los productos mencionados más arriba con otros determinados productos lácteos y bebidas a base de leche. Todos esos productos deben poder optar plenamente a las ayudas de la Unión. Sin embargo, para los productos no agrícolas solo el componente lácteo podrá optar a estas ayudas. A fin de tener en cuenta los avances científicos y garantizar que los productos distribuidos cumplan los objetivos del programa escolar, la Comisión debe poder estar facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), respecto a la lista de los potenciadores del sabor excluidos establecida en el presente Reglamento y definir los niveles máximos de azúcar, sal y grasa añadidos en los productos transformados.

(5)

Para apoyar la distribución se necesitan medidas educativas de acompañamiento que den efectividad al programa escolar en la consecución de sus objetivos a corto y largo plazo, es decir, aumentar el consumo de una selección de productos agrícolas y conseguir que la infancia adopte dietas más saludables. Dada la importancia que revisten, esas medidas han de servir de apoyo tanto a la distribución de frutas y hortalizas como a la de leche en los centros escolares. Como medidas educativas de acompañamiento que son, constituyen un instrumento esencial para reconectar a los niños con la agricultura y la variedad de productos agrícolas de la Unión, en particular los producidos en su zona, con la ayuda, por ejemplo, de expertos en nutrición y agricultores. Para alcanzar los objetivos que persigue el programa escolar, los Estados miembros deben estar autorizados a incluir en sus medidas una variedad más amplia de productos agrícolas y otras especialidades agrícolas locales, regionales o nacionales como la miel, las aceitunas de mesa y el aceite de oliva.

(6)

Para promover unos hábitos alimentarios saludables, es preciso que los Estados miembros garanticen la adecuada participación de sus autoridades nacionales encargadas de la salud y la nutrición en la elaboración de la lista de los productos que se vayan a distribuir, o la correspondiente autorización de dicha lista por parte de esas autoridades, de conformidad con los procedimientos nacionales.

(7)

Para asegurar que los fondos de la Unión se utilicen de forma eficiente y bien focalizada y para facilitar la aplicación del programa escolar, es preciso delegar a la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE para determinar los costes y las medidas que pueden optar a las ayudas de la Unión.

(8)

Respondiendo al carácter voluntario de la distribución, las ayudas de la Unión han de concederse por separado para las frutas y hortalizas y para la leche en los centros escolares. Dicha ayuda debe asignarse a cada Estado miembro teniendo en cuenta el número de niños de entre seis y diez años y el grado de desarrollo de las regiones de dicho Estado miembro con el fin de garantizar una ayuda más elevada a las regiones menos desarrolladas, las islas menores del mar Egeo y las regiones ultraperiféricas, habida cuenta de su limitada diversificación agrícola y de la frecuente imposibilidad de encontrar determinados productos en la región, que implica mayores costes de transporte y almacenamiento. Por otra parte, para que los Estados miembros puedan mantener la escala de sus programas actuales de leche en los centros escolares, y para animar a otros Estados miembros a acometer la distribución de leche, resulta oportuno combinar dichos criterios con la utilización histórica de la ayuda de la Unión para la distribución de leche y de productos lácteos a los niños, con la excepción de Croacia, para la que debe determinarse una cantidad específica.

(9)

En aras de una buena administración y de una gestión presupuestaria saneada, es necesario que los Estados miembros que deseen participar en la distribución de los productos elegibles presenten cada año una solicitud de ayuda de la Unión.

(10)

Para poder participar en el programa escolar, debe ser condición necesaria que los Estados miembros establezcan una estrategia nacional o regional. Todo Estado miembro que desee participar debe presentar una estrategia, en forma de documento que abarque un período de seis años y establezca sus prioridades. Los Estados miembros deben poder actualizar periódicamente sus estrategias, en particular a la vista de la evaluación y reconsideración de prioridades u objetivos y del éxito de sus programas. Además las estrategias podrán incluir elementos específicos relacionados con la aplicación del programa escolar que permitan a los Estados miembros aumentar la eficacia de la gestión en relación, entre otras cosas, con las solicitudes de ayuda.

(11)

Con objeto de favorecer el conocimiento del programa escolar y mejorar la visibilidad de la ayuda de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE relativos a la obligación de los Estados miembros de dar a conocer claramente la ayuda de la Unión para la aplicación del mismo, incluyendo herramientas publicitarias y, en su caso, el identificador común o elementos gráficos.

(12)

Con el fin de garantizar la visibilidad del programa escolar, es preciso que los Estados miembros expliquen en su estrategia la forma en que se proponen velar por el valor añadido de sus programas, especialmente cuando los productos financiados por el programa de la Unión se consuman al mismo tiempo que otros alimentos que se ofrezcan a los niños en los centros escolares. Para asegurar que el objetivo educativo del programa de la Unión pueda alcanzarse y sea eficaz, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, que regulen la distribución de los productos financiados por el programa de la Unión en relación con la provisión de otros alimentos en los centros escolares y con su preparación.

(13)

Para comprobar la eficacia del programa escolar en los Estados miembros, conviene financiar por parte de la Unión acciones de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, prestando especial atención a los cambios en el consumo a medio plazo.

(14)

El principio de cofinanciación para la distribución de frutas y hortalizas debe suprimirse.

(15)

El presente Reglamento no debe afectar la distribución de competencias regionales o locales en los Estados miembros.

(16)

El Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) deben modificarse en consecuencia. Para tener en cuenta la periodicidad del curso escolar, las nuevas normas deben comenzar a aplicarse a partir del 1 de agosto de 2017.

1)

La parte II, título I, capítulo II, sección 1, se sustituye por el texto siguiente:

«Sección 1

Ayuda para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos

Artículo 22

Grupo destinatario

Los regímenes de ayuda destinados a mejorar la distribución de los productos agrícolas y los hábitos alimentarios de los niños van dirigidos a los alumnos que asisten con regularidad a guarderías u otros centros preescolares, o a los centros de enseñanza primaria o secundaria, administrados o reconocidos por las autoridades competentes de los Estados miembros.

Artículo 23

Ayuda para la distribución de frutas y hortalizas y de leche, en los centros escolares, medidas educativas de acompañamiento y costes conexos

1.   La ayuda de la Unión se concederá con respecto a los niños que asistan a los centros escolares que contempla el artículo 22:

El Consejo, de conformidad con al artículo 43, apartado 3, del TFUE, establecerá límites al porcentaje de prestación de ayuda de la Unión para financiar las medidas y costes a que se refieren las letras b) y c) del primer párrafo del presente apartado.

2.   A efectos de la presente sección se entenderá por:

a)   «frutas y hortalizas para los centros escolares»: los productos a que se refieren la letra a) del apartado 3 y la letra a) del apartado 4;

b)   «leche para los centros escolares»: los productos a que se refieren la letra b) del apartado 3 y la letra b) del apartado 4, así como los productos a que se hace referencia en el anexo V.

3.   Los Estados miembros que deseen participar en el régimen de ayudas previsto en el apartado 1 («el programa escolar») y solicitar la ayuda de la Unión correspondiente, darán prioridad, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, a la distribución de productos de uno o ambos de los siguientes grupos:

4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 3, con el fin de fomentar el consumo de productos específicos o para responder a las necesidades nutricionales particulares de los niños en su territorio, los Estados miembros podrán prever la distribución de productos de uno o de los dos grupos siguientes:

5.   En caso de que los Estados miembros lo consideren necesario para la consecución de los objetivos del programa escolar y los objetivos establecidos en la estrategia a que se refiere el apartado 8 podrán, asimismo, completar la distribución de los productos a que se refieren los apartados 3 y 4 con los productos enumerados en el anexo V.

En esos casos se abonará la ayuda de la Unión solo para el componente lácteo del producto distribuido. Dicho componente lácteo no será inferior al 90 % en peso para los productos de la categoría I del anexo V y el 75 % en peso para los productos de la categoría II del anexo V.

El nivel de ayuda de la Unión para el componente lácteo se fijará por el Consejo de conformidad con el artículo 43, apartado 3, del TFUE.

6.   Los productos que se distribuyan en el marco del programa escolar no podrán contener:

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, todo Estado miembro podrá decidir que los productos subvencionables a que se refieren los apartados 4 y 5 puedan contener cantidades limitadas de azúcar, sal o grasa añadidos previa obtención de la autorización correspondiente de sus autoridades nacionales encargadas de salud y nutrición, de conformidad con sus procedimientos nacionales.

7.   Además de los productos a que se hace referencia en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, los Estados miembros podrán prever la inclusión de otros productos agrícolas con arreglo a las medidas educativas de acompañamiento, en particular las enumeradas en el artículo 1, apartado 2, letras g) y v).

8.   Los Estados miembros deberán elaborar como condición previa necesaria para su participación en el programa escolar, y subsiguientemente cada seis años, una estrategia a nivel nacional o regional destinada a la aplicación del mismo. Esta estrategia podrá ser modificada por la autoridad responsable de su presentación a nivel nacional o regional, en particular en función del seguimiento y la evaluación y los resultados obtenidos. La estrategia determinará, como mínimo, las necesidades que deban satisfacerse, el orden de prioridad de estas, el grupo de población a la que se dirija el programa, los resultados que se esperen alcanzar y, si se dispone de ellos, los objetivos cuantificados que deban alcanzarse desde la situación inicial, estableciendo al mismo tiempo los instrumentos y medidas que sean más adecuados para la consecución de esos objetivos.

La estrategia podrá incluir elementos específicos relacionados con la aplicación del programa escolar, incluidos los destinados a simplificar su gestión.

9.   Los Estados miembros determinarán en sus estrategias la lista de todos los productos que se distribuyan en el marco del programa escolar, bien mediante la distribución regular, bien con arreglo a las medidas educativas de acompañamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, los Estados miembros garantizarán además la pertinente participación de sus autoridades nacionales encargadas de la salud y la nutrición en la elaboración de esta lista o la autorización pertinente de sus autoridades nacionales de dicha lista, de conformidad con los procedimientos nacionales.

10.   Los Estados miembros establecerán también medidas educativas de acompañamiento para dar efectividad al programa escolar, entre las que podrán figurar medidas y actividades destinadas a reconectar a los niños con la agricultura mediante actividades como visitas a granjas y la distribución de una amplia variedad de productos agrícolas, según se establece en el apartado 7. Dichas medidas podrán ir orientadas también a educar a los niños, abordando otros temas conexos como, por ejemplo, los hábitos alimentarios saludables, las cadenas alimentarias locales, la agricultura ecológica, la producción sostenible o la lucha contra el despilfarro de alimentos.

11.   Los Estados miembros seleccionarán los productos que vayan a distribuirse o que pretendan incluirse en medidas educativas de acompañamiento basándose en criterios objetivos, entre los que debe incluirse al menos uno de los siguientes: consideraciones relacionadas con la salud y el medio ambiente y con la temporalidad, la variedad o la disponibilidad de productos locales o regionales, dando prioridad, en la medida de lo posible, a productos que sean originarios de la Unión. Los Estados miembros podrán fomentar, en particular, la compra local o regional, los productos ecológicos, las cadenas de distribución cortas o los beneficios ambientales, así como, si procede, los productos reconocidos en virtud de los regímenes de calidad establecidos en el Reglamento (UE) n.o 1151/2012.

Los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de dar prioridad en sus estrategias a las consideraciones relativas a la sostenibilidad y el comercio justo.

Artículo 23 bis

Disposición sobre financiación

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, la ayuda enmarcada en el programa escolar que se asigne para la distribución de productos, las medidas educativas de acompañamiento y los costes afines a los que se refiere el artículo 23, apartado 1, no podrá sobrepasar los 250 millones EUR por curso escolar.

Dentro de este límite total, la ayuda no podrá sobrepasar:

2.   La ayuda contemplada en el apartado 1 se asignará a cada Estado miembro teniendo en cuenta los criterios siguientes:

Las asignaciones para los Estados miembros de que se trate garantizarán mayores ayudas a las regiones ultraperiféricas enumeradas en el artículo 349 del TFUE con el fin de tener en cuenta la situación específica de dichas regiones en la procedencia de los productos y de fomentar el abastecimiento de este tipo entre regiones ultraperiféricas cercanas entre sí.

Las asignaciones para la leche destinada a centros escolares resultantes de los criterios citados en el presente apartado garantizarán que todos los Estados miembros tengan derecho a recibir al menos un importe mínimo de ayuda de la Unión por niño en el grupo de edad a que se refiere la letra a) del párrafo primero. Dicho importe no podrá ser inferior al uso medio de la ayuda de la Unión por niño en todos los Estados miembros, en virtud del programa escolar de leche vigente hasta el 1 de agosto de 2017.

Las medidas relativas a la fijación de las asignaciones indicativas y definitivas y de reasignación de la ayuda de la Unión para frutas y hortalizas y para la leche, destinadas a centros escolares, serán adoptadas por el Consejo de conformidad con al artículo 43, apartado 3, del TFUE.

3.   Los Estados miembros que deseen participar en el programa escolar presentarán cada año una solicitud de ayuda de la Unión, especificando la cantidad solicitada para el programa de consumo de fruta y hortalizas, y la cantidad solicitada para la distribución de leche a centros escolares que desean recibir.

4.   Siempre que no se sobrepase el límite total de 250 millones EUR indicado en el apartado 1, los Estados miembros podrán transferir, una vez por año escolar, hasta el 20 % de una o de otra de las asignaciones indicativas de que dispongan.

Ese porcentaje podrá incrementarse hasta un 25 % para los Estados miembros con regiones ultraperiféricas enumeradas en el artículo 349 del TFUE o en otros casos debidamente justificados, por ejemplo en caso de que un Estado miembro se enfrente a una situación de mercado específica en el sector cubierto por el programa escolar, tenga preocupaciones específicas relativas al bajo consumo de uno u otro grupo de productos o a otros cambios sociales.

Las transferencias podrán realizarse:

Las transferencias a que se refiere la letra a) del tercer párrafo no podrán efectuarse de la asignación indicativa al grupo de productos para los que el Estado miembro solicite una cantidad superior a su asignación indicativa. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las cantidades transferidas entre asignaciones indicativas

5.   El programa escolar no afectará a otros programas escolares nacionales independientes que sean compatibles con el Derecho de la Unión. La ayuda de la Unión prevista en el artículo 23 podrá utilizarse para ampliar el alcance o la eficacia de los regímenes nacionales de consumo escolar o los sistemas existentes de distribución en los centros escolares de frutas, hortalizas y leche, pero no debe sustituir la financiación de dichos regímenes nacionales existentes, con excepción de la distribución gratuita de alimentos a los niños en los centros de enseñanza. Si un Estado miembro decide ampliar el ámbito de un programa escolar nacional existente o aumentar su eficacia solicitando ayudas de la Unión, deberá indicar en la estrategia a que se refiere el artículo 23, apartado 8, el procedimiento que se aplicará.

6.   Además de la ayuda de la Unión, los Estados miembros podrán conceder ayudas nacionales para la financiación del programa escolar.

Los Estados miembros podrán financiar dicha ayuda imponiendo una tasa al sector de que se trate o recaudando del sector privado algún otro tipo de contribución.

7.   La Unión podrá financiar asimismo, en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, información, publicidad, seguimiento y evaluación aplicables al programa escolar, incluidas las medidas de concienciación de la opinión pública de los objetivos del programa, así como medidas para la constitución de redes con vistas a intercambiar experiencias y mejores prácticas con el fin de facilitar la aplicación y la gestión del mismo.

La Comisión podrá establecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, apartado 4, del presente Reglamento, un identificador común o elementos gráficos para aumentar la visibilidad del programa escolar.

8.   Los Estados miembros que participen en el programa escolar de la Unión darán publicidad a su participación en él indicando que está subvencionado por la Unión, en las instalaciones escolares u otros lugares pertinentes. Los Estados miembros podrán utilizar todas las herramientas de publicidad adecuadas entre las que pueden incluirse carteles, sitios web específicos, material gráfico informativo y campañas de información y sensibilización. Garantizarán, asimismo, la visibilidad del programa escolar y su valor añadido con respecto al suministro de otros alimentos a los centros escolares.

Artículo 24

Competencias delegadas

1.   Con objeto de fomentar en la infancia unos hábitos alimentarios saludables y de garantizar que la ayuda del programa escolar se destine a los niños del grupo de edades que contempla el artículo 22, la Comisión estará facultada para adoptar en virtud del artículo 227 actos delegados por los que se regulen:

2.   Con el fin de garantizar un uso eficiente y bien orientado de los fondos de la Unión y de facilitar la aplicación del programa escolar, la Comisión estará facultada para adoptar en virtud del artículo 227 actos delegados que regulen:

3.   A fin de tener en cuenta los avances científicos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 227, con el fin de completar la lista de los potenciadores artificiales del sabor a que se refiere el artículo 23, apartado 6, párrafo primero, letra e).

Con el fin de garantizar que dichos productos distribuidos de conformidad con el artículo 23, apartados 3, 4 y 5, cumplan los objetivos del programa escolar, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 227 para establecer los contenidos máximos de azúcar, sal y grasa añadidos que pueden ser permitidos por los Estados miembros en virtud del artículo 23, apartado 6, párrafo segundo, y que sean técnicamente necesarios para preparar o fabricar productos transformados.

4.   Con objeto de favorecer el conocimiento del programa escolar y dar mayor visibilidad a la ayuda de la Unión, la Comisión estará facultada para adoptar en virtud del artículo 227 actos delegados, por los que se obligue a los Estados miembros que estén acogidos al mismo a hacer claramente público y notorio que reciben ayudas de la Unión para su aplicación, en particular relativos a:

5.   Con objeto también de garantizar la visibilidad y el valor añadido del programa escolar, la Comisión estará facultada para adoptar en virtud del artículo 227 actos delegados por los que se regule la distribución de los productos en relación con la provisión de otros alimentos en los centros escolares.

6.   Habida cuenta, asimismo, de la necesidad de garantizar que la ayuda de la Unión se refleje en el precio al que pueda disponerse de los productos dentro del programa escolar, la Comisión estará facultada para adoptar, en virtud del artículo 227, actos delegados que obliguen a los Estados miembros a explicar en sus estrategias el modo de conseguirlo.

Artículo 25

Competencias de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen

La Comisión podrá por medio de actos de ejecución adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente sección, incluidas las relativas a:

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 229, apartado 2.

(*)  Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 16).»."

2)

El artículo 217 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 217

Pagos nacionales para la distribución de productos a niños

Los Estados miembros podrán efectuar pagos nacionales destinados a la distribución a los niños en centros escolares de los grupos de productos elegibles a que se refiere el artículo 23, a las medidas educativas de acompañamiento relacionadas con esos productos y a los gastos conexos a que se refiere el artículo 23, apartado 1, letra c).

Los Estados miembros podrán financiar esos pagos imponiendo una tasa al sector de que se trate o recaudando del sector privado algún otro tipo de contribución.».

3)

En el artículo 225 se añaden las letras siguientes:

4)

El texto del anexo V se sustituye por el siguiente:

24.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 135/11

(1)

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) está concebido para medir la inflación de manera armonizada en el conjunto de los Estados miembros. La Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) utilizan el IPCA para evaluar la estabilidad de precios en los Estados miembros de conformidad con el artículo 140 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2)

Los índices armonizados se utilizan en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico de la Comisión, según se establece en el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(3)

Las estadísticas de precios de elevada calidad y comparabilidad son esenciales para los responsables de las políticas públicas de la Unión, los investigadores y todos los ciudadanos europeos.

(4)

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) utiliza el IPCA como índice para medir la consecución del objetivo de estabilidad de precios del SEBC de conformidad con el artículo 127, apartado 1, del TFUE, lo cual es de particular importancia para definir y aplicar la política monetaria de la Unión de conformidad con el artículo 127, apartado 2, del TFUE. Con arreglo al artículo 127, apartado 4, y al artículo 282, apartado 5, del TFUE, debe consultarse al BCE sobre cualquier propuesta de acto de la Unión que entre en su ámbito de competencia.

(5)

El objetivo del presente Reglamento consiste en establecer un marco común para el desarrollo, la elaboración y la difusión de índices de precios de consumo armonizados y del índice de precios de la vivienda (IPV) a escala nacional y de la Unión. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de ampliar la aplicación del marco, en el futuro, también a la escala subnacional, de ser necesario.

(6)

El Reglamento (CE) n.o 2494/95 (4) del Consejo estableció un marco común para desarrollar los índices de precios de consumo armonizados. Ese marco jurídico debe adaptarse a las necesidades actuales y al progreso técnico, de ahí que se siga mejorando la pertinencia y comparabilidad de los índices de precios de consumo armonizados y del IPV. Sobre la base del nuevo marco establecido en el presente Reglamento, deben iniciarse los trabajos sobre un conjunto de indicadores complementarios en relación con la evolución de los precios.

(7)

El presente Reglamento tiene en cuenta el programa de mejora de la legislación de la Comisión y, en particular, la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2010, titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea». En el ámbito estadístico, la Comisión ha establecido como prioridad la simplificación y mejora del entorno reglamentario de las estadísticas, tal como figura en la Comunicación de la Comisión, de 10 de agosto de 2009, «sobre el método de elaboración de las estadísticas de la UE: una visión para la próxima década».

(8)

El IPCA y el índice de precios de consumo armonizado a impuestos constantes (IPCA-IC) deben desagregarse según las categorías de la Clasificación europea del consumo individual por finalidades (ECOICOP). Dicha clasificación debe garantizar que todas las estadísticas europeas relativas al consumo privado sean coherentes y comparables. La ECOICOP también debe ser coherente con la Clasificación del consumo individual por finalidades de las Naciones Unidas (COICOP de las Naciones Unidas), que es la norma internacional para dicha clasificación, por lo que la ECOICOP debe adaptarse a las modificaciones de la COICOP de las Naciones Unidas.

(9)

El IPCA se basa en los precios observados, que incluyen los impuestos sobre los productos. Por tanto, la inflación se ve afectada por las variaciones de los tipos impositivos sobre los productos. Con miras al análisis de la inflación y a la evaluación de la convergencia en los Estados miembros, también es necesario recoger información sobre el impacto que las modificaciones en la fiscalidad puedan tener en la inflación. Para ello, el IPCA debe calcularse además a partir de los precios a impuestos constantes.

(10)

Elaborar índices de precios de las viviendas y, en particular, de las viviendas ocupadas por sus propietarios (OOH) constituye un paso importante para seguir mejorando la pertinencia y comparabilidad del IPCA. El IPV es una base necesaria para calcular el índice de precios OOH. Además, el IPV es un indicador importante en sí mismo. A más tardar el 31 de diciembre de 2018, la Comisión debe preparar un informe en el que se aborde la idoneidad del índice de precios OOH para incorporarlo a la cobertura del IPCA. En función de los resultados de dicho informe, la Comisión debe presentar, si procede y en un plazo de tiempo razonable, una propuesta para modificar el presente Reglamento con respecto a la incorporación del índice de precios OOH en la cobertura del IPCA.

(11)

La estimación preliminar del IPCA mensual en forma de indicador adelantado resulta fundamental para la política monetaria en la zona del euro. Por tanto, los Estados miembros cuya moneda es el euro deben aportar dichos indicadores adelantados.

(12)

El IPCA está concebido para evaluar la estabilidad de los precios. No tiene el propósito de ser un índice del coste de la vida. Además del IPCA, debe empezar a estudiarse un índice del coste de la vida armonizado.

(13)

El período de referencia de los índices armonizados debe actualizarse periódicamente. Deben establecerse normas relativas al período de referencia común para los índices armonizados y sus subíndices integrados en diferentes momentos a fin de garantizar que los índices resultantes sean comparables y pertinentes.

(14)

Para reforzar la armonización gradual de los índices de precios de consumo armonizados y del IPV, deben ponerse en marcha estudios piloto que evalúen la viabilidad de utilizar información de base mejorada o de aplicar nuevos enfoques metodológicos. La Comisión debe adoptar las medidas necesarias y encontrar los incentivos adecuados, entre ellos apoyo financiero, para fomentar esos estudios piloto.

(15)

La Comisión (Eurostat) debe verificar las fuentes y los métodos empleados por los Estados miembros para calcular los índices armonizados y debe supervisar la aplicación del marco jurídico por los Estados miembros. A tal efecto, la Comisión (Eurostat) debe mantener contactos periódicos con las autoridades estadísticas de los Estados miembros.

(16)

La información sobre el contexto es esencial para evaluar si los índices armonizados detallados proporcionados por los Estados miembros son suficientemente comparables. Además, la transparencia de los métodos de cálculo y las prácticas que se utilizan en los Estados miembros ayudan a todas las partes interesadas a comprender los índices armonizados y seguir mejorando su calidad. Así pues, debe elaborarse un conjunto de normas relativas a la presentación de informes sobre metadatos armonizados.

(17)

A fin de garantizar la calidad de los datos estadísticos proporcionados por los Estados miembros, la Comisión debe utilizar las prerrogativas y competencias adecuadas del artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(18)

A fin de garantizar la adaptación a los cambios de la COICOP de las Naciones Unidas, modificar la lista de elementos regulados mediante actos de ejecución añadiendo elementos para tener en cuenta el desarrollo técnico de los métodos estadísticos y basándose en la evaluación de estudios piloto, así como modificar la lista de subíndices de la ECOICOP que los Estados miembros no están obligados a elaborar, con el fin de incluir los juegos de azar en el IPCA y en el IPCA-IC, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(19)

A fin de garantizar la plena comparabilidad de los índices armonizados se requieren condiciones uniformes para la aplicación de la ECOICOP a efectos del IPCA y del IPCA-IC, para la desagregación del indicador adelantado del IPCA proporcionado por los Estados miembros cuya moneda es el euro, para la desagregación del índice de precios OOH y del IPV, para la calidad de las ponderaciones de los índices armonizados, para métodos mejorados basados en estudios piloto de carácter voluntario, para la metodología adecuada, para unas normas detalladas sobre el reajuste de los índices armonizados, para las normas de intercambio de datos y metadatos, para la revisión de los índices armonizados y sus subíndices, y para los requisitos de garantía de la calidad técnica del contenido de los informes anuales de calidad normalizados, el plazo para presentar los informes a la Comisión (Eurostat) y la estructura de los inventarios y el plazo para presentar los inventarios a la Comisión (Eurostat). A fin de garantizar esas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(20)

Al adoptar medidas de ejecución y actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, la Comisión debe considerar, cuando proceda, la relación coste-efectividad y garantizar que estas medidas y actos no impongan una carga adicional notable a los Estados miembros o a los informantes.

(21)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de normas estadísticas comunes para elaborar índices de precios de consumo armonizados y del IPV, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(22)

Se solicitó al Comité del Sistema Estadístico Europeo con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 223/2009 que prestase orientación experta en la materia.

(23)

En consecuencia, debe derogarse el Reglamento (CE) n.o 2494/95.

1)

«productos», los bienes y servicios, tal como se definen en el anexo A, apartado 3.01, del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) («SEC 2010»);

2)

«precios de consumo», los precios de adquisición pagados por los hogares para adquirir productos individuales por medio de transacciones monetarias;

3)

«precios de la vivienda», los precios de transacción de viviendas adquiridas por los hogares;

4)

«precios de adquisición», los precios efectivamente pagados por los compradores por los productos, más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos, tras deducir los descuentos sobre los precios o costes normales, excluidos los intereses o costes añadidos de los servicios en las concesiones de créditos y los gastos extraordinarios en los que se haya incurrido como consecuencia de no pagar en el plazo indicado en el momento de la adquisición;

5)

«precios administrados», los precios que fija directamente la administración pública o sobre los que esta influye en gran medida;

6)

«índice de precios de consumo armonizado» o «IPCA», el índice de precios de consumo comparable elaborado por cada Estado miembro;

7)

«índice de precios de consumo armonizado a impuestos constantes» o «IPCA-IC», el índice que mide la variación de los precios de consumo sin tener en cuenta el impacto de los cambios en los tipos impositivos sobre los productos durante el mismo período;

8)

«tipo impositivo», un parámetro impositivo que puede ser un porcentaje determinado del precio o una cantidad absoluta impuesta sobre una unidad física;

9)

«índice de precios de las viviendas ocupadas por sus propietarios» o «índice de precios OOH», el índice que mide las variaciones de los precios de transacción de las viviendas nuevas para el sector de los hogares y otros productos que los hogares adquieren en calidad de propietarios-ocupantes;

10)

«índice de precios de la vivienda» o «IPV», el índice que mide las variaciones de los precios de transacción de las viviendas adquiridas por los hogares;

11)

«subíndice del IPCA o del IPCA-IC», el índice de precios de cualquiera de las categorías de la Clasificación europea del consumo individual por finalidades («ECOICOP»), tal como figura en el anexo I;

12)

«índices armonizados», el IPCA, el IPCA-IC, el índice de precios OOH y el IPV;

13)

«indicador adelantado del IPCA», una estimación preliminar del IPCA proporcionada por los Estados miembros cuya moneda es el euro, que puede basarse en información provisional y, si es necesario, en una modelización adecuada;

14)

«índice de tipo Laspeyres», el índice de precios que mide la variación media de los precios entre el período de referencia de los precios y un período de comparación, utilizando los porcentajes de gasto de un período anterior al de referencia, y en el que los porcentajes de gasto se ajustan para reflejar los precios del período de referencia de los precios.

Un «índice de tipo Laspeyres» se define con la fórmula siguiente:

P representa el precio de un producto; 0 representa el período de referencia de los precios, y t es el período de comparación. Las ponderaciones (w) son los porcentajes de gasto de un período (b) anterior al de referencia de los precios y se ajustan para reflejar los precios del período de referencia de los precios 0;

15)

«período de referencia del índice», el período para el cual el índice se fija en 100 puntos;

16)

«período de referencia de los precios», el período con el que se compara el precio del período de comparación; para los índices mensuales, el período de referencia de los precios es diciembre del año anterior, mientras que para los índices trimestrales el período de referencia de los precios es el cuarto trimestre del año anterior;

17)

«información de base»:

18)

«hogar», un hogar tal como se recoge en el anexo A, apartado 2.119, letras a) y b), del SEC 2010, con independencia de la nacionalidad o situación de residencia;

19)

«territorio económico de un Estado miembro», el territorio económico tal como se recoge en el anexo A, apartado 2.05, del SEC 2010, pero incluidos los enclaves extraterritoriales situados dentro de las fronteras del Estado miembro y excluidos los enclaves territoriales situados en el resto del mundo;

20)

«gasto en consumo monetario final de los hogares», la parte del gasto en consumo final efectuada:

21)

«cambio significativo del método de elaboración», un cambio que se estima que afecta a la tasa de variación interanual de un determinado índice armonizado o una parte del mismo en cualquier período, en más de:

a)

0,1 puntos porcentuales o menos de media durante un año con respecto al año anterior, del índice obtenido siguiendo el enfoque metodológico del presente Reglamento, en el caso del IPCA y del IPCA-IC;

b)

un punto porcentual o menos de media durante un año con respecto al año anterior, del índice obtenido siguiendo el enfoque metodológico del presente Reglamento, en el caso de los índices de precios OOH y del IPV.

i)

el muestreo y la representatividad,

ii)

la recogida y el tratamiento de los precios,

iii)

las sustituciones y los ajustes de calidad,

iv)

el cálculo de índices,

v)

las revisiones,

vi)

los índices especiales,

vii)

el tratamiento de productos en ámbitos específicos.

a)

en el caso de los índices mensuales, con el índice de enero del año siguiente al del período de referencia del índice;

b)

en el caso de los índices trimestrales, con el índice del primer trimestre del año siguiente al del período de referencia del índice.

a)

los subíndices del IPCA y del IPCA-IC que representen menos del uno por mil del gasto total;

b)

los subíndices del índice de precios OOH y los subíndices del IPV que representen menos del uno por cien del gasto total relativo a las viviendas ocupadas por sus propietarios y del total de las adquisiciones de viviendas, respectivamente.

a)

15 días naturales para los índices de febrero a diciembre y 20 días naturales para los índices de enero, a partir del final del mes para el que se calculen los índices, y

b)

85 días naturales a partir del final del trimestre para el que se calculen los índices.

a)

el 13 de febrero de cada año para los índices mensuales;

b)

el 15 de junio de cada año para los índices trimestrales.

a)

informes de calidad anuales normalizados, que traten los criterios de calidad a los que se refiere el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 223/2009;

b)

inventarios actualizados anualmente que contengan detalles sobre las fuentes de datos, las definiciones y los métodos utilizados;

c)

otra información conexa, con el detalle necesario para evaluar el cumplimiento de los requisitos de comparabilidad y la calidad de los índices armonizados a petición de la Comisión (Eurostat).

24.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 135/39

(1)

El Reglamento (CE) n.o 953/2003 del Consejo (2) ha sido modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial (3). Conviene, en aras de la claridad y la racionalidad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

Muchos de los países en vías de desarrollo más pobres necesitan urgentemente el acceso a medicinas esenciales a bajos precios para el tratamiento de enfermedades contagiosas. Estos países dependen en gran medida de la importación de medicamentos, pues la fabricación local es escasa.

(3)

Es necesaria la segmentación de precios entre los mercados de los países desarrollados y los mercados de los países en vías de desarrollo más pobres para asegurarse de que se suministra a estos últimos productos farmacéuticos esenciales a precios drásticamente reducidos. Por ello, dichos precios drásticamente reducidos no pueden considerarse como una referencia para el precio que deba pagarse por los mismos productos en los mercados de los países desarrollados.

(4)

Aunque la mayor parte de los países desarrollados cuentan con instrumentos legislativos y reglamentarios para evitar la importación, en determinadas circunstancias, de productos farmacéuticos, existe el riesgo de que tales instrumentos sean insuficientes, pues en los mercados de los países en vías de desarrollo se venden volúmenes sustanciales de productos farmacéuticos a precios muy reducidos y, por lo tanto, el interés económico del desvío comercial hacia mercados en los que los precios son elevados puede aumentar perceptiblemente.

(5)

Es necesario alentar a los fabricantes de productos farmacéuticos para que proporcionen productos farmacéuticos a precios drásticamente reducidos en cantidades mucho mayores, garantizando por medio del presente Reglamento la permanencia de esos productos en dichos mercados. El presente Reglamento debe poder aplicarse en igualdad de condiciones a las donaciones de productos farmacéuticos y a los productos vendidos con arreglo a contratos celebrados en respuesta a licitaciones públicas de gobiernos nacionales o entidades internacionales de adjudicación, o con arreglo a un acuerdo alcanzado entre el fabricante y el gobierno de un país destinatario, teniendo siempre en cuenta que las donaciones no contribuyen a mejorar el acceso a dichos productos de manera permanente.

(6)

Es necesario establecer un procedimiento que identifique los productos, los países y las enfermedades a los que es de aplicación.

(7)

El presente Reglamento tiene por objetivo evitar que se importen en la Unión productos objeto de precios diferenciados. Se prevén excepciones para determinadas situaciones, siempre que se cumpla estrictamente la condición de que el destino final de los productos de que se trata es uno de los países enumerados en el anexo II.

(8)

Los fabricantes de productos con precios diferenciados deben presentar ese tipo de productos con una apariencia distinta para facilitar su identificación.

(9)

Será preciso revisar las listas de enfermedades y países destinatarios a los que se aplica el presente Reglamento, así como la fórmula utilizada para identificar productos objeto de precio diferenciado a la luz, entre otras cosas, de la experiencia adquirida de su aplicación.

(10)

A los productos de precio diferenciado que los viajeros transporten en su equipaje para su uso personal se les aplican las mismas normas que las establecidas en el Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(11)

Si se han incautado productos objeto de precio diferenciado con arreglo al presente Reglamento, la autoridad competente ha de poder, con arreglo a la legislación nacional y para garantizar que el uso pretendido de los productos incautados sea en beneficio pleno de los países enumerados en el anexo II, decidir cederlos con fines humanitarios a dichos países. A falta de decisión de este tipo, los productos deben destruirse.

(12)

A fin de añadir productos a la lista de productos a los que se aplica el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con objeto de modificar los anexos del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

a)

los criterios para definir los productos objeto de precio diferenciado;

b)

las condiciones en las cuales las autoridades aduaneras adoptarán medidas;

c)

las medidas que adoptarán las autoridades competentes en los Estados miembros.

a)

reexportar a países destinatarios;

b)

depositar con arreglo a un procedimiento de tránsito o de depósito aduanero o en una zona franca o depósito franco a efectos de reexportación a países destinatarios.

a)

inferior al porcentaje establecido en el anexo III del precio medio ponderado de fábrica que cobran los fabricantes en los mercados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) por el mismo producto en el momento de la solicitud, o

b)

el precio del coste directo de producción por el fabricante, con la adición de un porcentaje máximo que se establece en el anexo III.

a)

el nombre y la sustancia activa del producto objeto de precio diferenciado e información suficiente que permita verificar la enfermedad a cuya prevención, diagnóstico o tratamiento se destina;

b)

el precio ofrecido en relación con uno de los cálculos de precios establecidos como opciones en el artículo 3, de manera suficientemente detallada para permitir la verificación. En lugar de presentar esta información detallada, el candidato podrá presentar un certificado expedido por un auditor independiente que declare que se ha verificado el precio y que corresponde a uno de los criterios establecidos en el anexo III. El auditor independiente se designará por acuerdo mutuo entre el fabricante y la Comisión. Toda información presentada por el solicitante al auditor seguirá siendo confidencial;

c)

el país o países destinatarios a los cuales el solicitante se propone vender el producto en cuestión;

d)

el número de código basado en la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (5) y, en su caso, completado por subpartidas TARIC, para identificar claramente las mercancías de que se trata, y

e)

cualquier medida tomada por un fabricante o exportador para diferenciar fácilmente el producto objeto de precio diferenciado de productos similares puestos a la venta dentro de la Unión.

24.5.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 135/53

(1)

Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo (2) como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delitos graves que afecten a dos o más Estados miembros. La Decisión 2009/371/JAI sustituyó al Convenio, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) (3).

(2)

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que Europol se regirá por un reglamento adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. También requiere que se fije el procedimiento de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, control en el que participarán los parlamentos nacionales sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, letra c), del Tratado de la Unión Europea (TUE) en el artículo 9 del Protocolo n.o 1 sobre el papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea, anexo al TUE y al TFUE (Protocolo n.o 1) con el fin de reforzar la responsabilidad y la legitimidad democráticas de Europol ante los ciudadanos de la Unión. Por consiguiente, la Decisión 2009/371/JAI debe sustituirse por un Reglamento que establezca, inter alia, normas sobre estudio parlamentario.

(3)

El «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (4) insta a Europol a evolucionar para convertirse en «un eje para el intercambio de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros, un prestador de servicios y una plataforma de servicios policiales». Sobre la base de una evaluación del funcionamiento de Europol, la mejora de su eficacia operativa es, en este contexto, necesaria para alcanzar dicho objetivo.

(4)

Las redes delictivas y terroristas a gran escala plantean una amenaza significativa para la seguridad interna de la Unión y para la seguridad y la subsistencia de sus ciudadanos. Las evaluaciones de las amenazas disponibles ponen de manifiesto que los grupos delictivos diversifican cada vez más sus actividades y no se circunscriben a un solo país. Los servicios policiales nacionales han de cooperar, pues, más estrechamente con sus homólogos de otros Estados miembros. En este contexto, es necesario dotar a Europol para que preste un apoyo mejor a los Estados miembros en la prevención, análisis e investigación de la delincuencia. Este extremo también fue confirmado en la evaluación de la Decisión 2009/371/JAI.

(5)

El presente Reglamento tiene por objeto modificar y ampliar las disposiciones de la Decisión 2009/371/JAI, y de las Decisiones 2009/934/JAI (5), 2009/935/JAI (6), 2009/936/JAI (7) y 2009/968/JAI (8) del Consejo, que dan aplicación a la Decisión 2009/371/JAI. Dado que las modificaciones que han de realizarse son importantes por su número y su índole, dichas Decisiones, en aras de la claridad deben sustituirse en su totalidad por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por el presente Reglamento. La Europol creada por el presente Reglamento debe sustituir y asumir las funciones de la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI que debe ser derogada en consecuencia.

(6)

Dado que la delincuencia grave cruza a menudo las fronteras interiores, Europol debe apoyar y reforzar las medidas de los Estados miembros y su cooperación en materia de prevención y lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros. Dado que el terrorismo constituye una de las amenazas más significativas contra la seguridad de la Unión, Europol ha de prestar asistencia a los Estados miembros para afrontar los retos comunes a este respecto. En su calidad de agencia policial de la Unión, Europol debe apoyar y reforzar igualmente las acciones y la cooperación en la lucha contra las formas de delincuencia que afecten a los intereses de la Unión. De entre las formas de delincuencia respecto de las cuales Europol es competente, la delincuencia organizada seguirá hallándose comprendida en el ámbito de los objetivos principales de Europol pues, dada su dimensión, importancia y consecuencias, también requiere una actuación común de los Estados miembros debido a su alcance, gravedad y consecuencias. Europol también ha de prestar apoyo en la prevención y la lucha contra los actos delictivos conexos cometidos para procurarse los medios para perpetrar actos con respecto a los que Europol sea competente, o facilitar o perpetrar dichos actos, o garantizar la impunidad de su comisión.

(7)

Europol debe facilitar análisis estratégicos y evaluaciones de amenazas para ayudar al Consejo y a la Comisión a fijar las prioridades estratégicas y operativas de la Unión en la lucha contra la delincuencia y en la aplicación operativa de dichas prioridades. Cuando la Comisión así lo solicite con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo (9), Europol debe realizar asimismo análisis de riesgos, que incluyan también a la delincuencia organizada, en la medida en que los riesgos de que se trate puedan socavar la aplicación del acervo de Schengen por parte de los Estados miembros. Además, Europol facilitará cuando proceda análisis estratégicos y evaluaciones de amenazas a petición del Consejo o de la Comisión para contribuir a la evaluación de los Estados candidatos a la adhesión a la Unión.

(8)

Los ataques contra los sistemas de información que afectan a organismos de la Unión o a dos o más Estados miembros constituyen una creciente amenaza en la Unión, en particular habida cuenta de su rapidez y repercusiones y de la dificultad para identificar sus fuentes. Cuando se estudie una solicitud de Europol de iniciar una investigación sobre un ataque grave que se sospecha de origen delictivo contra un sistema de información que afecte a organismos de la Unión o a dos o más Estados miembros, los Estados miembros deben responder a Europol sin demora, teniendo en cuenta que la rapidez de la respuesta es un factor clave para atajar con éxito la delincuencia informática.

(9)

Habida cuenta de la importancia de la cooperación entre los distintos organismos, Europol y Eurojust deben velar por que se tomen las medidas necesarias para optimizar su cooperación operativa, prestando la debida consideración a sus mandatos y misiones respectivas y a los intereses de los Estados miembros. En particular, Europol y Eurojust deben mantenerse informados de toda actividad que conlleve la financiación de equipos conjuntos de investigación.

(10)

Cuando se establezca un equipo de investigación, el acuerdo correspondiente deberá determinar las condiciones relativas a la participación del personal de Europol en el equipo. Europol debe llevar anotaciones de la participación en los equipos conjuntos de investigación que se ocupen de las actividades delictivas comprendidas en el ámbito de sus objetivos.

(11)

Europol debe poder solicitar a las unidades nacionales competentes que abran, lleven a cabo o coordinen investigaciones criminales en casos específicos en los que la cooperación transfronteriza aporte un valor añadido. Europol debe informar a Eurojust de estas solicitudes.

(12)

Europol debe ser un eje para el intercambio de información en la Unión. Entre la información recabada, almacenada, procesada, analizada e intercambiada por Europol se incluye la inteligencia criminal referida a la información sobre delitos o actividades delictivas comprendidas en el ámbito de los objetivos de Europol, obtenida con la finalidad de determinar si se ha cometido o puede cometerse en el futuro algún acto delictivo concreto.

(13)

A fin de garantizar la eficacia de Europol como eje para el intercambio de información, deben establecerse obligaciones claras de que los Estados miembros faciliten a Europol los datos necesarios para cumplir sus objetivos. Al cumplir estas obligaciones, los Estados miembros deben prestar especial atención al suministro de datos pertinentes para la lucha contra los delitos considerados prioridades estratégicas y operativas dentro de los correspondientes instrumentos de la Unión, en particular las prioridades establecidas por el Consejo en el marco del ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional. Los Estados miembros también deben procurar facilitar a Europol copia de los intercambios bilaterales y multilaterales de información con otros Estados miembros sobre los delitos incluidos en los objetivos de Europol. Cuando faciliten a Europol la información necesaria, los Estados miembros deben incluir además información sobre todo presunto ataque cibernético que afecte a los organismos de la Unión ubicados en su territorio. Al mismo tiempo, es preciso que Europol refuerce su apoyo a los Estados miembros, con el fin de fomentar la cooperación mutua y el intercambio de información. Europol debe presentar un informe anual al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los parlamentos nacionales sobre la información facilitada por cada Estado miembro.

(14)

Con el fin de garantizar una cooperación eficaz entre Europol y los Estados miembros, debe crearse una unidad nacional en cada Estado miembro («la unidad nacional»). La unidad nacional debe ser el enlace entre las autoridades nacionales competentes y Europol, asumiendo así un papel de coordinador con respecto a la cooperación de los Estados miembros con Europol y ayudando de este modo a garantizar que todos ellos respondan a las solicitudes de Europol de manera uniforme. Para asegurar el intercambio efectivo y continuo de información entre Europol y las unidades nacionales y propiciar su cooperación, cada unidad nacional debe designar al menos a un funcionario de enlace adscrito a Europol.

(15)

Habida cuenta de la estructura descentralizada de algunos Estados miembros y la necesidad de asegurar el intercambio rápido de información, Europol debe poder cooperar directamente con los servicios competentes de los Estados miembros, sin perjuicio de las condiciones definidas por los Estados miembros y manteniendo informadas a las unidades nacionales, cuando así lo soliciten estas últimas.

(16)

Debe fomentarse la creación de equipos conjuntos de investigación, y el personal de Europol debe poder participar en ellos. Para que esa participación sea posible en todos los Estados miembros, el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n.o 549/69 del Consejo (10) establece que el personal de Europol no goce de inmunidades mientras participa en equipos conjuntos de investigación.

(17)

Es asimismo necesario mejorar la gobernanza de Europol procurando mejorar su eficiencia y racionalizando sus procedimientos.

(18)

Conviene que la Comisión y los Estados miembros estén representados en el Consejo de Administración de Europol («el Consejo de Administración») para que puedan supervisar efectivamente su labor. Los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración deben ser nombrados teniendo en cuenta su capacitación pertinente en materia de gestión, administración y presupuesto y sus conocimientos en materia de cooperación policial. Los miembros suplentes deben actuar como miembros titulares en ausencia del miembro titular.

(19)

Todas las partes representadas en el Consejo de Administración deben esforzarse por limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad de la labor del Consejo de Administración. Todas las partes deben tratar de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo de Administración.

(20)

El Consejo de Administración debe poder invitar a sus reuniones, en calidad de observador sin derecho a voto, a cualquier persona cuya opinión pueda ser de interés para el debate, por ejemplo a un representante designado por el Grupo de Control Parlamentario Conjunto (GCPC).

(21)

El Consejo de Administración debe contar con las competencias necesarias, en particular para establecer el presupuesto, verificar su ejecución y adoptar las normas financieras y los documentos de planificación apropiados, así como para adoptar normas para la prevención y gestión de conflictos de interés con respecto a sus miembros, establecer procedimientos de trabajo transparentes para la toma de decisiones por parte del director ejecutivo de Europol y adoptar el informe anual de actividades. Ha de ejercer las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos con respecto al personal de la agencia, incluido el director ejecutivo.

(22)

A fin de garantizar el buen funcionamiento cotidiano de Europol, el director ejecutivo debe ser su representante legal y administrador, actuando con independencia en el ejercicio de sus funciones y velando por que Europol lleve a cabo las tareas previstas en el presente Reglamento. En particular, el director ejecutivo debe encargarse de preparar los documentos presupuestarios y de planificación presentados al Consejo de Administración para que este decida al respecto, y para ejecutar la programación plurianual y los programas de trabajo anuales de Europol y otros documentos de planificación.

(23)

A efectos de la prevención y lucha contra los delitos comprendidos en el ámbito de sus objetivos, es preciso que Europol disponga de la información más completa y actualizada posible. Por consiguiente, es necesario que pueda llevar a cabo el tratamiento de los datos que le hayan facilitado los Estados miembros, organismos de la Unión, países terceros, organizaciones internacionales y, en condiciones rigurosas establecidas en el presente Reglamento, partes privadas, así como de los datos procedentes de fuentes públicamente disponibles, para conocer mejor los fenómenos y las tendencias criminales, recabar información sobre las redes delictivas y establecer vínculos entre los diferentes actos delictivos.

(24)

A fin de mejorar su eficacia a la hora de facilitar análisis criminales exactos a las autoridades competentes de los Estados miembros, Europol debe utilizar las nuevas tecnologías para tratar los datos. Es preciso que Europol pueda detectar rápidamente los vínculos entre las investigaciones y los modi operandi comunes a diferentes grupos delictivos, cotejar datos y tener una visión clara de las tendencias, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales. Por consiguiente, es preciso estructurar las bases de datos de Europol de tal modo que Europol pueda elegir la estructura informática más eficiente. Asimismo es preciso que Europol pueda actuar como proveedor de servicios, en particular ofreciendo una red segura para el intercambio de datos, como la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros, Europol, otros organismos de la Unión, países terceros y organizaciones internacionales. A fin de garantizar un alto nivel de protección de datos, deben establecerse la finalidad de las operaciones de tratamiento y los derechos de acceso, así como salvaguardias adicionales específicas. En particular, al tratar los datos personales deben respetarse los principios de necesidad y proporcionalidad.

(25)

Europol también debe garantizar que todos los datos personales tratados para análisis operativos se destinan a fines específicos. No obstante, para que Europol pueda cumplir su misión, debe permitírsele el tratamiento de todos los datos personales que reciba con el fin de identificar los vínculos entre múltiples áreas e investigaciones de delitos, y no quedar limitada a la detección de conexiones únicamente dentro de un área delictiva.

(26)

Con el fin de respetar la propiedad de los datos y la protección de los datos personales, los Estados miembros, los organismos de la Unión, los países terceros y las organizaciones internacionales deben poder determinar la finalidad o finalidades para las cuales Europol puede tratar los datos que facilitan y restringir los derechos de acceso. La limitación de la finalidad es un principio fundamental del tratamiento de datos personales; en particular, contribuye a la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad, y reviste especial importancia en el ámbito de la cooperación policial, en el que los interesados no suelen estar al tanto de la recogida y del tratamiento de sus datos personales, y en el que el uso de datos personales puede repercutir de forma muy significativa en las vidas y libertades de las personas físicas.

(27)

A fin de garantizar que únicamente tengan acceso a los datos aquellos que lo necesiten para el desempeño de sus tareas, el presente Reglamento debe establecer normas detalladas sobre los diferentes grados del derecho de acceso a los datos tratados por Europol. Tales normas deben entenderse sin perjuicio de las restricciones de acceso impuestas por los proveedores de datos, ya que ha de respetarse el principio de la propiedad de los datos. Con el fin de mejorar la eficiencia en la prevención y la lucha contra los delitos comprendidos en el ámbito de sus objetivos, Europol debe notificar a los Estados miembros la información que les concierna.

(28)

Para mejorar la cooperación operativa entre las agencias y, en particular, para establecer vínculos entre los datos ya en posesión de las diferentes agencias, Europol debe permitir a Eurojust y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el acceso mediante un sistema de respuesta positiva o negativa a los datos disponibles en Europol. Europol y Eurojust deben tener la facultad de celebrar un acuerdo de trabajo que garantice de manera recíproca, en el marco de sus respectivos mandatos, la posibilidad de acceder y efectuar búsquedas con respecto a toda la información que se haya facilitado a efectos de verificación cruzada, y la posibilidad de efectuar búsquedas, con arreglo a las salvaguardias y garantías específicas en materia de protección de datos estipuladas en el presente del Reglamento. Cualquier acceso a datos disponibles de Europol se limitaría por medios técnicos a la información que corresponda a los mandatos respectivos de dichos organismos de la Unión.

(29)

Europol debe mantener relaciones de cooperación con otros organismos de la Unión, servicios de países terceros, organizaciones internacionales y partes privadas en la medida necesaria para el desempeño de sus tareas.

(30)

A fin de asegurar la eficacia operativa, Europol debe poder intercambiar toda la información pertinente, con la excepción de los datos personales, con otros organismos de la Unión, servicios de países terceros y organizaciones internacionales en la medida necesaria para el desempeño de sus tareas. Dado que las sociedades, empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas disponen de conocimientos especializados e información directamente pertinentes para la prevención y la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo, Europol debe poder intercambiar dicha información también con las entidades privadas. Para prevenir y combatir la delincuencia informática, en relación con los incidentes que afecten a la seguridad de las redes y de la información, es preciso que Europol, de conformidad con el acto legislativo de la Unión aplicable que establezca las medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión, coopere e intercambie información, con la excepción de los datos personales, con las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad de las redes y los sistemas de información.

(31)

Europol debe poder intercambiar datos personales pertinentes con otros organismos de la Unión en la medida necesaria para el desempeño de su o sus tareas.

(32)

La delincuencia grave y el terrorismo suelen tener vínculos fuera del territorio de la Unión. Europol debe, pues, poder intercambiar datos personales con servicios de países terceros y con organizaciones como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la medida necesaria para el desempeño de sus tareas.

(33)

Todos los Estados miembros son socios de Interpol. Para cumplir su misión, Interpol recibe, almacena y distribuye datos para ayudar a las autoridades policiales competentes a prevenir y combatir la delincuencia internacional. Por consiguiente conviene reforzar la cooperación entre Europol e Interpol facilitando un intercambio eficaz de datos personales a la vez que se garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales en relación con el tratamiento automatizado de datos personales. Cuando se transfieran datos personales desde Europol a Interpol, se deberá aplicar el presente Reglamento, y en particular lo dispuesto en materia de transferencias internacionales.

(34)

Para garantizar la limitación de la finalidad, es importante asegurar que Europol pueda transferir los datos personales a los organismos de la Unión, países terceros y organismos internacionales únicamente si es necesario para prevenir y combatir los delitos enunciados en los objetivos de Europol. Con este fin, es necesario garantizar que, cuando se transfieran datos personales, el receptor se comprometa a utilizarlos, o transferirlos a su vez a una autoridad competente de un país tercero, únicamente para la finalidad para la que fueron transmitidos originalmente. Toda transferencia ulterior de los datos se realizará de conformidad con el presente Reglamento.

(35)

Europol debe poder transferir datos personales a una autoridad de un país tercero o a una organización internacional sobre la base de una decisión de la Comisión que establezca que el país o la organización internacional de que se trate garantizan un nivel adecuado de protección de datos («decisión de adecuación»), o, a falta de una decisión de adecuación, de un acuerdo internacional celebrado por la Unión con arreglo al artículo 218 del TFUE o un acuerdo de cooperación que permita el intercambio de datos personales celebrado entre Europol y el país tercero de que se trate antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. Teniendo en cuenta el artículo 9 del Protocolo n.o 36 sobre las disposiciones transitorias anejo al TUE y al TFUE, los efectos jurídicos de tales acuerdos se mantienen hasta que estos acuerdos hayan sido derogados, anulados o modificados en aplicación de los Tratados. Cuando proceda y con arreglo al Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), la Comisión debe poder consultar al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) antes de la negociación de un acuerdo internacional y durante la misma. Cuando el Consejo de Administración detecte una necesidad operativa de cooperación con un país tercero o una organización internacional, debe estar facultado para proponer al Consejo que indique a la Comisión la necesidad de una decisión de adecuación o de una recomendación para la apertura de negociaciones con vistas a un acuerdo internacional, como se indica supra.

(36)

Cuando una transferencia de datos personales no pueda basarse en una decisión de adecuación, un acuerdo internacional celebrado por la Unión o un acuerdo de cooperación en vigor, el Consejo de Administración, de acuerdo con el SEPD, debe poder autorizar una serie de transferencias, cuando así lo exijan condiciones específicas y siempre que se ofrezcan las garantías adecuadas. El director ejecutivo debe poder autorizar la transferencia de datos en situaciones excepcionales, caso por caso, cuando dicha transferencia sea precisa, sujeta a condiciones específicas estrictas.

(37)

Europol debe poder tratar datos personales procedentes de entidades privadas y particulares solo si dichos datos son transferidos a Europol por una de las siguientes: unidad nacional de conformidad con su Derecho nacional, un punto de contacto en un país tercero, una organización internacional con la que se haya establecido una cooperación en virtud de un acuerdo de cooperación que permita el intercambio de datos personales celebrado de conformidad con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, una autoridad de un país tercero, una organización internacional que sea objeto de una decisión de adecuación o con la que la Unión haya celebrado un acuerdo internacional de conformidad con el artículo 218 del TFUE. No obstante, en los casos en que Europol reciba datos personales facilitados directamente por entidades privadas, y la unidad nacional, el punto de contacto o la autoridad de que se trate no pueda ser identificada, Europol debe poder tratar esos datos personales únicamente con la finalidad de identificar a dichas entidades, y los citados datos deberán ser suprimidos, salvo en el caso de que las entidades vuelvan a presentar esos mismos datos personales en el plazo de cuatro meses desde su transmisión. Europol deberá garantizar por medios técnicos que durante ese plazo los datos no sean accesibles para ser tratados con otra finalidad.

(38)

Teniendo en cuenta la amenaza excepcional y específica que plantea para la seguridad interior de la Unión el terrorismo y otras formas de delincuencia grave, especialmente cuando se facilite, se promueva o se cometa mediante el uso de internet, las actividades que Europol debe emprender basándose en el presente Reglamento, derivadas de la aplicación de las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2015 y del llamamiento del Consejo Europeo de 23 de abril de 2015 en relación específicamente con estas áreas prioritarias, en particular la practica correspondiente de intercambios directos de datos personales con entidades privadas, debe ser evaluada por la Comisión a más tardar el 1 de mayo de 2019.

(39)

No se debe tratar ninguna información obtenida en violación manifiesta de los derechos humanos.

(40)

Las normas de protección de datos de Europol deben reforzarse y apoyarse en los principios en los que se basa el Reglamento (CE) n.o 45/2001 a fin de garantizar un alto nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Como la Declaración n.o 21 relativa a la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial adjunta al TUE y al TFUE reconoce la especificidad del tratamiento de los datos personales en el contexto policial, las normas de protección de datos de Europol deben ser autónomas y al mismo tiempo coherentes con otros instrumentos pertinentes en materia de protección de datos aplicables en el ámbito de la cooperación policial en la Unión. Dichos instrumentos incluyen, en particular, la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y de del Consejo (12), así como el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su Recomendación n.o R(87) 15 (13).

(41)

Todo tratamiento de datos de carácter personal por parte de Europol debe efectuarse de forma lícita y justa en relación con los interesados. El principio de tratamiento justo requiere la transparencia del tratamiento para que los interesados puedan ejercer sus derechos en virtud del presente Reglamento. Sin embargo, debe ser posible denegar o restringir el acceso a sus datos personales cuando, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los interesados, tal denegación o restricción constituye una medida necesaria para que Europol pueda desempeñar adecuadamente sus tareas, proteger la seguridad y el orden público o prevenir delitos, garantizar que una investigación nacional se vea comprometida o proteger los derechos y libertades de terceros. Para aumentar la transparencia, Europol publicará un documento en el que se establecerán de manera inteligible las disposiciones de aplicación relativas al tratamiento de los datos personales y los medios disponibles de los interesados para el ejercicio de sus derechos. Europol publicará asimismo en su sitio web una lista de decisiones y acuerdos de adecuación, y acuerdos pertinentes relativos a la transferencia de datos personales a países terceros y organismos internacionales. Por otra parte, para aumentar la transparencia de Europol frente a los ciudadanos de la Unión y su responsabilidad, Europol debería publicar en su sitio web una lista de los miembros de su Consejo de Administración y, cuando proceda, los resúmenes del resultado de las reuniones del Consejo de Administración, siempre respetando los requisitos de protección de datos.

(42)

En la medida de lo posible, los datos personales deben distinguirse en función de su grado de exactitud y fiabilidad. Se ha de distinguir entre hechos y apreciaciones personales, con el fin de garantizar tanto la protección de las personas físicas como la calidad y fiabilidad de la información tratada por Europol. En el caso de la información procedente de fuentes públicas disponibles, en particular de fuentes de internet, en la medida de lo posible Europol evaluará la exactitud de esta información y la fiabilidad de las fuentes con especial diligencia, con vistas a abordar los riesgos asociados a internet con respecto a la protección de los datos personales y la privacidad.

(43)

En el ámbito de la cooperación policial se tratan datos personales relativos a diferentes categorías de interesados. Europol debe establecer distinciones lo más claras posibles entre los datos de carácter personal de diferentes categorías de interesados. Conviene proteger, en particular, los datos personales relativos a las víctimas, los testigos y las personas que posean información pertinente, así como los relativos a los menores. Europol solo debe tratar datos sensibles si estos datos complementan otros datos personales ya tratados por Europol.

(44)

A la luz de los derechos fundamentales de la protección de los datos personales, Europol no debe conservar datos personales más tiempo del necesario para el desempeño de sus tareas. A más tardar tres años después del comienzo del tratamiento inicial de estos datos personales, deberá verificarse la necesidad de prolongar su almacenamiento.

(45)

Con el fin de garantizar la seguridad de los datos personales, Europol y los Estados miembros deben poner en práctica las medidas técnicas y organizativas necesarias.

(46)

Cualquier interesado debe tener derecho a acceder a los datos personales que les conciernan, a rectificar los datos inexactos y a cancelar o restringir los datos que hayan dejado de ser necesarios. Los gastos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a datos personales no deben constituir un obstáculo para el ejercicio efectivo de dicho derecho. Los derechos del interesado y el ejercicio de los mismos no deben afectar a las obligaciones que corresponden a Europol y deben estar sujetos a las restricciones que se establecen en el presente Reglamento.

(47)

La protección de los derechos y libertades de los interesados requiere una asignación clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento. En particular, los Estados miembros deben ser responsables de la exactitud de los datos para la actualización de los datos que hayan transferido a Europol y de la legalidad de dicha transferencia. Europol debe ser responsable de la exactitud de los datos y la actualización de los datos facilitados por otros proveedores de datos o derivados de los propios análisis de Europol. Europol debe garantizar que los datos son tratados de manera equitativa y lícita y son recogidos y tratados con fines específicos. Europol debe también garantizar que dichos datos son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que se tratan, conservados más tiempo del necesario para tales fines, y son tratados de una manera que garantiza la adecuada seguridad de los datos personales y la confidencialidad del tratamiento de los datos.

(48)

A efectos de la verificación de la licitud del tratamiento, el autocontrol y la adecuada integridad y seguridad de los datos, Europol debe llevar anotaciones de la recogida, alteración, acceso, divulgación, combinación o cancelación de los datos personales. Europol debe estar obligada a cooperar con el SEPD y a poner los registros y la documentación a su disposición, previa solicitud, de modo que puedan servir para la supervisión de las operaciones de tratamiento.

(49)

Europol debe designar un Responsable de la Protección de Datos para que le ayude en la supervisión del cumplimiento del presente Reglamento. El Responsable de la Protección de Datos debe estar en condiciones de desempeñar sus funciones y tareas con independencia y eficacia y debe estar dotado de todos los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

(50)

A efectos de la protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de los datos personales con arreglo al artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, resulta fundamental disponer de unas estructuras de supervisión independientes, transparentes, responsables y eficaces. Las autoridades nacionales competentes para la supervisión del tratamiento de los datos personales deben controlar la legalidad de los datos personales proporcionados por los Estados miembros a Europol. El SEPD debe controlar con plena independencia la legalidad del tratamiento de datos efectuado por Europol en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el mecanismo de consulta previa es una salvaguardia importante para los nuevos tipos de operaciones de tratamiento. No debería aplicarse a cada actividad operativa específica, por ejemplo a los proyectos operativos de análisis, sino al uso de nuevos sistemas informáticos para el tratamiento de datos personales y a cualesquiera cambios importantes de estos.

(51)

Es importante velar por que se ejerza una supervisión reforzada y efectiva de Europol y garantizar que el SEPD haga uso de los conocimientos especializados apropiados en materia de protección de datos policiales cuando asuma la responsabilidad de supervisar la protección de datos de Europol. El SEPD y las autoridades nacionales de control deben cooperar estrechamente entre sí sobre cuestiones específicas que requieran una participación nacional y garantizar la aplicación homogénea del presente Reglamento en toda la Unión.

(52)

Con el fin de facilitar la cooperación entre el SEPD y las autoridades nacionales de control, pero sin perjuicio de la independencia del SEPD ni de su responsabilidad sobre la supervisión de la protección de datos de Europol, estos deberían reunirse regularmente en el Consejo de Cooperación que, en su calidad de órgano consultivo, debe emitir dictámenes, orientaciones, recomendaciones y establecer mejores prácticas sobre temas de diversa índole que requieran una participación nacional.

(53)

Dado que Europol trata también datos personales no operativos, que no guardan relación con investigaciones criminales, como los datos personales relativos al personal de Europol, proveedores de servicios o visitantes, el tratamiento de tales datos debe estar sujeto al Reglamento (CE) n.o 45/2001.

(54)

El SEPD debe atender e investigar las quejas presentadas por los interesados. La investigación abierta a raíz de una queja debe llevarse a cabo, bajo control judicial, en la medida en que sea adecuada en el caso específico. El supervisor nacional debe informar al interesado de la evolución y el resultado de la queja en un plazo razonable.

(55)

Toda persona física ha de tener derecho a interponer un recurso judicial contra las decisiones del SEPD que le conciernan.

(56)

Europol debe estar sujeta a una normativa general sobre responsabilidad contractual y extracontractual aplicable a las instituciones, agencias y organismos de la Unión, con excepción de la responsabilidad por el tratamiento ilícito de datos.

(57)

Puede darse el caso de que para la persona física afectada no esté claro si los daños sufridos como resultado de un tratamiento ilegal son consecuencia de la acción de Europol o de un Estado miembro. Por consiguiente, Europol y el Estado miembro en que se haya producido el hecho generador de los daños deben ser responsables solidarios.

(58)

Respetando el papel del Parlamento Europeo, junto con los parlamentos nacionales, de vigilancia de las actividades de Europol, es preciso que Europol sea una organización interna plenamente responsable y transparente. Con este fin, a la luz del artículo 88 del TFUE, deben establecerse unos procedimientos de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, junto con los parlamentos nacionales. Dichos procedimientos deben estar sujetos al artículo 12, letra c), del TUE y al artículo 9 del Protocolo n.o 1, que establece que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales determinan de manera conjunta la organización y promoción de una cooperación efectiva y regular dentro de la Unión. Los procedimientos de control de las actividades de Europol deben establecerse teniendo debidamente en cuenta la necesidad de garantizar el trato igualitario al Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de la información operativa. No obstante, el modo en que cada Parlamento nacional realiza el control de la actuación de su Gobierno con respecto a las actividades de la Unión Europea atañe a la organización y práctica constitucionales propias de cada Estado miembro.

(59)

El Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas («el Estatuto de los funcionarios») y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea («el régimen aplicable a los otros agentes»), establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (14), debe aplicarse al personal de Europol. Europol debe poder emplear a personal de las autoridades competentes de los Estados miembros como agentes temporales cuyo período de servicio debe ser limitado a fin de mantener el principio de rotación, ya que la posterior reintegración de los miembros del personal en el servicio de su autoridad competente facilita una estrecha cooperación entre Europol y las autoridades competentes de los Estados miembros. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el personal contratado por Europol como agentes temporales podrá, al término de este servicio en Europol, reingresar a la función pública nacional a la que pertenecen.

(60)

Habida cuenta de la naturaleza de las funciones de Europol y el papel del director ejecutivo, la Comisión competente del Parlamento Europeo debe poder invitar a comparecer a este último antes de su nombramiento y antes de cualquier prórroga de su mandato. El director ejecutivo debe también presentar el informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo. El Parlamento Europeo y el Consejo deben poder solicitar al director ejecutivo que informe sobre el cumplimiento de sus funciones.

(61)

Para garantizar la plena autonomía e independencia de Europol, debe dotársela de un presupuesto autónomo, con ingresos procedentes esencialmente de una contribución del presupuesto general de la Unión. El procedimiento presupuestario de la Unión debe aplicarse a la contribución de la Unión y cualesquiera otras subvenciones a cargo del presupuesto general de la Unión. La censura de cuentas debe ser realizada por el Tribunal de Cuentas.

(62)

Debe aplicarse a Europol el Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 de la Comisión (15).

(63)

Habida cuenta de sus atribuciones legales y administrativas específicas y de sus competencias técnicas para realizar actividades, operaciones e investigaciones transfronterizas de intercambio de información, en particular mediante los equipos conjuntos de investigación, y para ofrecer instalaciones de formación, las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder recibir subvenciones de Europol sin convocatorias de propuestas de conformidad con el artículo 190, apartado 1, letra d), del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión (16).

(64)

Debe aplicarse a Europol el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(65)

Europol trata datos que requieren una protección particular, ya que incluyen información sensible e información clasificada y no clasificada de la UE. Europol debe, por tanto, elaborar normas sobre confidencialidad y tratamiento de esa información. Las normas en materia de protección de la información clasificada de la UE deben estar en consonancia con la Decisión 2013/488/UE del Consejo (18).

(66)

Conviene evaluar periódicamente la aplicación del presente Reglamento.

(67)

Las disposiciones necesarias relativas a la instalación de Europol en La Haya, donde tiene su sede, y las normas específicas aplicables a todo el personal de Europol y a los miembros de sus familias deben fijarse en un acuerdo de sede. Asimismo, el Estado miembro de acogida debe garantizar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de Europol, incluida una escolarización multilingüe y de vocación europea, así como conexiones de transporte adecuadas, a fin de atraer recursos humanos de alta calidad procedentes de una base geográfica lo más amplia posible.

(68)

La Europol creada por el presente Reglamento sustituye y sucede a la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI. Por consiguiente, ha de ser la sucesora legal de todos sus contratos, incluidos los contratos de trabajo, los pasivos contraídos y los bienes adquiridos. Los acuerdos internacionales celebrados por la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI y los acuerdos celebrados por la Europol creada por el Convenio Europol antes del 1 de enero de 2010 deben permanecer en vigor.

(69)

A fin de que Europol pueda seguir desempeñando lo mejor posible las tareas de la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI, deben establecerse medidas transitorias, en particular por lo que se refiere al Consejo de Administración, al director ejecutivo y al personal empleado en virtud de un contrato de duración indefinida de personal local celebrado por la Europol creada por el Convenio Europol, al cual debe ofrecerse la posibilidad de ser empleado como personal temporal o contractual en las condiciones de empleo de otros funcionarios.

(70)

El Acto del Consejo de 3 de diciembre de 1998 (19) relativo al Estatuto del personal de Europol ha sido derogado por el artículo 63 de la Decisión 2009/371/JAI. No obstante, se debe seguir aplicando al personal empleado por Europol antes de la entrada en vigor de la Decisión 2009/371/JAI. Por tanto, las disposiciones transitorias deben estipular que los contratos celebrados de conformidad con dicho Estatuto se sigan rigiendo por este.

(71)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de un ente responsable de la cooperación policial a nivel de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(72)

De conformidad con los artículos 3 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(73)

De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(74)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no estará vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(75)

Se consultó al SEPD, que emitió su dictamen el 31 de mayo de 2013.

(76)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad, según se dispone en los artículos 8 y 7 de la Carta, así como en el artículo 16 del TFUE.

a)

los delitos cometidos con objeto de procurarse los medios para perpetrar actos en los que Europol sea competente;

b)

los delitos cometidos para facilitar o perpetrar actos en los que Europol sea competente;

c)

los delitos cometidos para asegurar la impunidad de quienes cometen estos actos en los que Europol sea competente.

a)

recoger, conservar, tratar, analizar e intercambiar información, incluida inteligencia criminal;

b)

notificar a los Estados miembros a través de las unidades nacionales designadas al amparo del artículo 7, apartado 2, sin demora, cualquier información y las conexiones entre actos delictivos que les afecten;

c)

coordinar, organizar y ejecutar cualesquiera actuaciones de investigación y operativas para respaldar y reforzar las actuaciones que lleven a cabo las autoridades competentes de los Estados miembros:

d)

participar en equipos conjuntos de investigación, así como proponer su creación de conformidad con el artículo 5;

e)

facilitar información y apoyo analítico a los Estados miembros en relación con los grandes acontecimientos internacionales;

f)

elaborar evaluaciones de las amenazas, análisis estratégicos y operativos e informes generales de situación;

g)

desarrollar, compartir y promover conocimientos especializados sobre métodos de prevención de la delincuencia, procedimientos de investigación y métodos técnicos y criminalísticos, y prestar asesoramiento a los Estados miembros;

h)

respaldar las actividades de intercambio de información, las operaciones y las investigaciones así como a los equipos conjuntos de investigación, inclusive mediante un apoyo operativo, técnico y financiero;

i)

facilitar formación especializada y ayudar a los Estados miembros a organizar la formación, incluso mediante el suministro de apoyo financiero, dentro del ámbito de sus objetivos y con arreglo a los recursos presupuestarios y de personal a su disposición, en coordinación con la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL);

j)

cooperar con los organismos de la Unión establecidos sobre la base del título V del TFUE y con la OLAF, en particular mediante el intercambio de información, y facilitándoles apoyo analítico en los ámbitos de su competencia;

k)

facilitar información y ayuda a las estructuras de gestión de crisis de la UE y a las misiones establecidas en virtud del TUE en el ámbito de los objetivos de Europol enunciados en el artículo 3;

l)

crear centros de asesoramiento especializados de la Unión para combatir determinados tipos de delitos enunciados en el ámbito de aplicación de los objetivos de Europol, en particular, el Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia;

m)

respaldar las acciones de los Estados miembros para prevenir y combatir las formas de delincuencia enumeradas en el anexo I que hayan sido facilitadas, fomentadas o cometidas a través de internet, incluyendo, en cooperación con los Estados miembros, la notificación de contenidos de internet a través de los cuales se facilitan, fomentan o cometen estas formas de delitos, a los proveedores de servicios en línea interesados para que examinen de manera voluntaria la compatibilidad de esos contenidos de internet con sus propias condiciones contractuales.

a)

es contrario a los intereses fundamentales de seguridad del Estado miembro de que se trate, o

b)

pone en peligro el desarrollo de las investigaciones en curso o la seguridad de las personas.

a)

suministrarán a Europol la información necesaria para que pueda cumplir sus objetivos, incluida información relativa a formas de delincuencia cuya prevención o combate considere prioritario la Unión;

b)

garantizarán una comunicación y cooperación eficaces con Europol de todas las autoridades competentes pertinentes;

c)

propiciarán el conocimiento de las actividades de Europol;

d)

de conformidad con el artículo 38, apartado 5, letra a), garantizarán el cumplimiento del Derecho nacional al proporcionar información a Europol.

a)

fuese contrario a los intereses fundamentales de seguridad del Estado miembro de que se trate;

b)

comprometiese el resultado de una investigación en curso o la seguridad de una persona, o

c)

revelase información referida a organizaciones o actividades específicas de inteligencia en materia de seguridad nacional.

a)

un Consejo de Administración;

b)

un director ejecutivo;

c)

en su caso, otro órgano consultivo establecido por el Consejo de Administración de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra s).

a)

adoptará cada año un documento que contenga la programación plurianual de Europol y su programa de trabajo para el año siguiente, por mayoría de dos tercios de sus miembros y de conformidad con el artículo 12;

b)

adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros, el presupuesto anual de Europol y ejercerá otras funciones relacionadas con el presupuesto de Europol con arreglo al capítulo X;

c)

adoptará un informe anual de actividades consolidado sobre las actividades de Europol y lo remitirá, a más tardar el 1 de julio del año siguiente, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a los parlamentos nacionales. El informe anual de actividades consolidado se hará público;

d)

adoptará las normas financieras aplicables a Europol, de conformidad con el artículo 61;

e)

adoptará una estrategia interna de lucha contra el fraude proporcional a los riesgos de fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a aplicarse;

f)

adoptará normas sobre la prevención y la gestión de los conflictos de intereses de sus miembros, incluso en relación con su declaración de intereses;

g)

de conformidad con el apartado 2, ejercerá, con respecto al personal de Europol, las competencias atribuidas por el Estatuto a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y por el régimen aplicable a los otros agentes a la autoridad facultada para celebrar contratos de empleo («competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos»);

h)

adoptará normas de desarrollo adecuadas para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios;

i)

adoptará normas internas relativas al procedimiento de selección del director ejecutivo, incluidas las normas sobre la composición del comité de selección que garanticen su independencia e imparcialidad;

j)

propondrá al Consejo una lista de candidatos preseleccionados para el puesto de director ejecutivo y directores ejecutivos adjuntos y, cuando proceda, propondrá al Consejo la prórroga de su mandato o la destitución de sus cargos de conformidad con los artículos 54 y 55;

k)

establecerá indicadores de rendimiento y supervisará la actuación del director ejecutivo, incluida la aplicación de las decisiones del Consejo de Administración;

l)

nombrará un responsable de protección de datos que actuará con independencia funcional en el ejercicio de sus funciones;

m)

nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes, que será funcionalmente independiente en el ejercicio de sus funciones;

n)

establecerá en su caso una estructura de auditoría interna;

o)

asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones resultantes de los informes de auditoría y evaluaciones internas o externas, así como de las investigaciones de la OLAF y el SEPD;

p)

establecerá los criterios de evaluación para el informe anual con arreglo al artículo 7, apartado 11;

q)

adoptará unas directrices que especifiquen más detalladamente los procedimientos para el tratamiento de la información por parte de Europol, de conformidad con el artículo 18 y tras haber consultado al SEPD;

r)

decidirá sobre la celebración de acuerdos de trabajo y administrativos con arreglo al artículo 23, apartado 4, y al artículo 25, apartado 1, respectivamente;

s)

decidirá, teniendo en cuenta tanto los requisitos operativos como los financieros, en relación con la creación de las estructuras internas de Europol, incluidos los centros de la Unión de asesoramiento especializado a que hace referencia el artículo 4, apartado 1, letra l), a propuesta del director ejecutivo;

t)

adoptará su reglamento interno, incluidas las disposiciones relativas a las tareas y al funcionamiento de su secretaría;

u)

adoptará otras normas internas cuando convenga.

a)

la administración cotidiana de Europol;

b)

presentar al Consejo de Administración propuestas en relación con el establecimiento de las estructuras internas de Europol;

c)

la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración;

d)

la preparación del proyecto de la programación plurianual y del programa de trabajo anual y su presentación al Consejo de Administración, previa consulta a la Comisión;

e)

la ejecución de la programación plurianual y de los programas de trabajo anual y la presentación de informes al Consejo de Administración sobre su ejecución;

f)

la elaboración de proyectos de normas de desarrollo adecuadas para aplicar al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios;

g)

la preparación del proyecto de informe anual consolidado sobre las actividades de Europol y su presentación al Consejo de Administración para su adopción;

h)

la preparación de un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los informes de auditoría y evaluaciones internas o externas, así como informes de investigación y recomendaciones a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF y el SEPD, y la presentación de informes de evolución dos veces al año a la Comisión y regularmente al Consejo de Administración;

i)

la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otra actividad ilegales y, sin perjuicio de las competencias de investigación de la OLAF, mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de los importes indebidamente abonados, y, en su caso, mediante sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionales y disuasorias;

j)

la preparación de un proyecto de estrategia interna de lucha contra el fraude de Europol y su presentación al Consejo de Administración para su adopción;

k)

la preparación de un proyecto de normas internas para la prevención y gestión de los conflictos de intereses en lo que respecta al Consejo de Administración y la presentación de esas propuestas de normas al Consejo de Administración para su adopción;

l)

la preparación del proyecto de normas financieras aplicables a Europol;

m)

la preparación del proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de Europol y la ejecución de su presupuesto;

n)

el apoyo al presidente del Consejo de Administración en la preparación de las reuniones del Consejo de Administración;

o)

la información periódica al Consejo de Administración sobre la aplicación de las prioridades estratégicas y operativas de la Unión en la lucha contra la delincuencia;

p)

el desempeño de otras tareas con arreglo al presente Reglamento.

a)

los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional y con el artículo 7;

b)

organismos de la Unión, países terceros y organizaciones internacionales, de conformidad con el capítulo V;

c)

por entidades privadas y particulares de conformidad con el capítulo V.

a)

controles cruzados destinados a identificar conexiones u otras relaciones pertinentes entre datos relacionados con:

b)

análisis estratégicos o temáticos;

c)

análisis operativos;

d)

facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros, Europol, otros organismos de la Unión, países terceros y organizaciones internacionales.

a)

para cada proyecto de análisis operativo, el director ejecutivo definirá el objetivo específico, las categorías de datos personales y las categorías de interesados, los participantes, la duración de la conservación y condiciones de acceso, transferencia y uso de los datos en cuestión, e informará de ello al Consejo de Administración y al SEPD;

b)

los datos personales podrán recopilarse y tratarse solo a efectos del proyecto específico de análisis operativo. Cuando resulte evidente que los datos personales puedan ser pertinentes para otro proyecto de análisis operativo, solo se permitirá el tratamiento ulterior de dichos datos personales en la medida en que dicho tratamiento ulterior resulte necesario y proporcionado y los datos personales sean compatibles con las disposiciones establecidas en la letra a) que se apliquen al otro proyecto de análisis;

c)

solo el personal autorizado podrá acceder a los datos del proyecto correspondiente y tratarlos.

a)

formas de delincuencia para las que Europol sea competente, y

b)

otras formas de delincuencia grave, según se recoge en la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (22).

a)

una decisión de la Comisión adoptada de conformidad con el artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680, que acredite que el país tercero o un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese país tercero, o la organización internacional de que se trate garantizan un nivel de protección adecuado (decisión de adecuación), o

b)

un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y ese país tercero u organización internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, o

c)

un acuerdo de cooperación que permita el intercambio de datos personales celebrado antes del 1 de mayo de 2017 entre Europol y ese país tercero u organización internacional con arreglo al artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI.

a)

necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona, o

b)

necesaria para salvaguardar intereses legítimos del interesado cuando así lo disponga el Derecho del Estado miembro que transfiere los datos personales, o

c)

esencial para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública de un Estado miembro o de un país tercero, o

d)

necesaria en casos concretos a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, o

e)

necesaria en casos concretos para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho en un procedimiento judicial relativo a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de una infracción penal o la ejecución de una sanción penal específica.

a)

una unidad nacional de conformidad con el Derecho nacional;

b)

el punto de contacto de un país tercero o una organización internacional con la que Europol haya concluido, antes del 1 de mayo de 2017, un acuerdo de cooperación que permita el intercambio de datos personales de conformidad con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI, o

c)

una autoridad de un país tercero o una organización internacional que estén sujetas a una decisión de adecuación según se contempla en el artículo 25, apartado 1, letra a), del presente Reglamento o con las que la Unión haya celebrado un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE.

a)

la transferencia revista un interés indudable para el interesado y este haya dado su consentimiento, o las circunstancias permitan suponer inequívocamente dicho consentimiento, o

b)

la transferencia sea absolutamente necesaria para prevenir la perpetración inminente de un delito, incluido el terrorismo, para el que Europol sea competente, o

c)

la transferencia de datos personales que estén públicamente disponibles, sea estrictamente necesaria para llevar a cabo el cometido indicado en el artículo 4, apartado 1, letra m), y se cumplan las siguientes condiciones:

a)

necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona;

b)

necesaria para proteger intereses legítimos del interesado;

c)

esencial para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública de un Estado miembro o de un país tercero;

d)

necesaria en casos concretos a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales en el ámbito de competencias de Europol, o

e)

necesaria en casos concretos para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho en un procedimiento judicial relativo a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de una infracción penal específica en el ámbito de competencias de Europol.

a)

una unidad nacional, de conformidad con el Derecho nacional;

b)

el punto de contacto de un país tercero o una organización internacional con el que Europol haya celebrado, antes del 1 de mayo de 2017, un acuerdo de cooperación que permita el intercambio de datos personales de conformidad con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI, o

c)

una autoridad de un país tercero o una organización internacional que estén sujetas a una decisión de adecuación según se contempla en el artículo 25, apartado 1, letra a), o con las que la Unión haya celebrado un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE.

a)

objeto de un tratamiento equitativo y conforme a la ley;

b)

recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados ulteriormente de forma incompatible con esos fines. El tratamiento ulterior con fines de investigación histórica, estadística o científica no se considerará incompatible siempre que Europol establezca garantías apropiadas, en particular para asegurarse de que los datos no sean tratados con otros fines;