Fiscalía ratifica pedido de 30 años de prisión contra Keiko Fujimori: lo que dejó el tercer día del juicio

Pérez retomó su alegato, que comenzó en la audiencia del 2 de julio, para detallar los cinco delitos que atribuye a Keiko Fujimori: organización criminal, lavado de activos, obstrucción de la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo en conjunto con falsedad genérica. Ello por presuntos actos de lavado de más de 17 millones de dólares, principalmente a través de sus campañas del 2011 y 2016, así como hechos derivados.

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Luego de la audiencia, la defensa de Keiko Fujimori afirmó a la prensa que la solicitud de la fiscalía no tiene sustento, ni argumentos jurídicos, por lo que reiteró que el caso terminará con la absolución de la ex candidata presidencial.

En el caso de la lideresa fujimorista, el Ministerio Público solicita penas distintas por cada delito acusado: 15 años por organización criminal, 11 años y 4 meses por cada uno de los tipos de lavado de activos agravado que le atribuye; 6 años y 6 meses por obstrucción de la justicia; y 2 años con 6 meses por falsedad genérica en conjunto con falsa declaración en procedimiento administrativo.

“En total, la pena concreta solicitada por el Ministerio Público para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi es de 30 años con 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días multa e inhabilitación de 15 y 5 meses”, resumió el fiscal del equipo especial Lava Jato ante los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia Nacional Especializada.

La misma pena es requerida para los integrantes de la “cúpula”, una “suerte de personas privilegiadas” o “grupo selecto” dentro de la presunta organización supuestamente constituida dentro de Fuerza Popular, según la fiscalía. De acuerdo con la acusación, eran de “entera confianza” de Keiko Fujimori y tenían manejo de las finanzas, aspectos legales y aspectos políticos.

Tanto Keiko Fujimori como sus procesados rechazan la acusación fiscal. Lo han hecho a través de sus defensas y sus participaciones en audiencias, así como en declaraciones a la prensa. Se prevé que sus abogados respondan a los alegatos del Ministerio Público a partir de la audiencia del lunes 15 de julio.

Los señalados como la ‘cúpula’ son Vicente Silva Checa y los exdirigentes fujimoristas Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona. Yoshiyama y Chlimper fueron candidatos a la vicepresidencia en las campañas del 2011 y del 2016, respectivamente, y ministros del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

El fiscal atribuye a Silva Checa ser el “jefe del área legal”, quien “procura dar la apariencia de legalidad de las actividades y lograr la impunidad de los actos”. En tanto, Pier Figari y Ana Herz son señalados como encargados del “área política” y de la coordinación con la bancada fujimorista.

Jaime Yoshiyama es acusado como cabeza del “área financiera, encargada de la captación de los activos”, para la campaña del 2011; mientras que a José Chlimper se le imputa lo mismo respecto al 2016. Finalmente, Adriana Tarazona es señalada como jefa del “área administrativa” del dinero recolectado o la tesorera “de facto”.

Las penas solicitadas por el fiscal del equipo especial Lava Jato ya se habían mencionado durante el control de acusación de este proceso judicial. Sin embargo, la audiencia de este martes fue la primera vez que se plantearon ante los tres jueces que, al final del juicio, decidirán si imponen estas condenas o no.

Otros acusados para quienes se detallaron las penas fueron Augusto Bedoya (22 años y 8 meses), Mark Vito Villanella (20 años), Carmela Paucará (22 años y 6 meses), Rafael Herrera Mariños (22 años y 8 meses), Ericka Yoshiyama (22 años y 8 meses), Antonieta Gutiérrez (20 años) y Ana Matsuno (20 años). En cuanto al acusado Luis Mejía Lecca, el fiscal se reservó de detallar su caso por estar pendiente de decidirse si se reserva su juicio por motivos de salud.

Luego de exponer la pena contra Ana Matsuno, el juzgado dispuso suspender la audiencia y que la fiscalía continúe en la sesión de este miércoles, que será virtual. Para esa fecha también se programó el alegato inicial de la Procuraduría contra el Lavado de Activos, que expondrá su pedido de reparación civil por este caso. El Comercio conoció que será de más de S/ 150 millones, tal como figura en el auto de enjuiciamiento.

Para la audiencia del lunes 15 se programó el alegato de las defensas, que comenzará con la exposición de la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, quien pidió que su exposición se haga de forma presencial y que tomará alrededor de una hora. “No pretendo aburrirlos”, dijo.

Los representantes de los acusados José Chlimper, Jaime Yoshiyama, Arsenio Oré Guardia y Fuerza Popular también pidieron que sus exposiciones sean en audiencia presencial. A todos ellos se les pidió acudir son sus clientes.

Al final de la audiencia, el juzgado informó que seis de los 48 acusados habían sido “excluidos de este juicio oral”. De acuerdo con fuentes de este Diario, en este grupo están procesados como Erick Matto Monge, Patrizia Coppero del Valle, Daniel Mellado Correa, Liz Document Manrique y Oscar Hikou Moritani, vinculados a falsos aportes. Ellos fueron incluidos en el auto de enjuiciamiento como acusados “con proceso especial”.

Con ello, solo quedan 42 acusados (40 personas naturales y dos personas jurídicas). En la próxima audiencia, el Ministerio Público deberá detallar las penas solicitadas contra las 25 personas naturales que restan y para las dos personas jurídicas: el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces.

Terminada la audiencia, El Comercio consultó a la abogada Giulliana Loza respecto a la pena solicitada contra su defendida. “Creo que él está replicando la acusación, que fue devuelta 22 veces. Nos ha planteado una nueva, sin sustento, sin argumentos jurídicos [...] Lo acaba de decir la sala: acá venimos a discutir cuestiones jurídicas y lo que hasta hoy no escuchamos es eso: cuestiones jurídicas”.

La defensora de Keiko Fujimori pidió “estar atentos a todas las audiencias del juicio oral, que no sé cuánto tiempo nos va tomar”. “Sean veedores, sean supervisores. Se van a dar cuenta de algo: en este caso, no hay un caso penal y al final vamos a terminar con la absolución de la defensa de la señora Keiko Fujimori”, afirmó.

Por su parte, en sus declaraciones a la salida de la sede judicial, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que “aparentemente, se está buscando a través de campañas de presión externa e interna en el Ministerio Público, que la Autoridad Nacional de Control nos suspenda tanto al fiscal Rafael Vela como a mí, para que no podamos continuar el juzgamiento contra la acusada Keiko Fujimori”

El fiscal se refirió así a la reciente decisión de la ANC de rechazar una serie de evidencias aportadas por él y por Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, para un proceso disciplinario seguido a ambos por ese órgano de control. Así consta en un documento con fecha del 5 de julio al que accedió este Diario. Dicho proceso deriva de una queja presentada en el 2020 por José Luis Sardón, entonces magistrado del Tribunal Constitucional y hoy representante del Perú ante la OEA.

“Se ha rechazado nuestra defensa y, lamentablemente, todo indicaría que lo que se está buscando es sacarnos del juicio oral [...] Se está instrumentalizando un proceso de hace varios años, que ya ha prescrito, pero que se ha activado una vez que los jueces han instalado el juicio oral”, afirmó. “En tanto no me suspendan o no suspendan al fiscal Rafael Vela, continuaré con la sustentación de la acusación”.

Inaceptable agresión

Turba atacó a abogada Giulliana Loza

En los exteriores de la sede del Poder Judicial donde se desarrolla el juicio, como ocurrió en las audiencias previas, llegaron manifestantes a favor y en contra de Keiko Fujimori. Un grupo de estos últimos atacó físicamente a la abogada Giulliana Loza cuando caminaba por la avenida Paseo de la República.

Este Diario presenció la agresión contra la abogada, que fue escoltada por un pequeño grupo de simpatizantes hasta un taxi para salir del lugar. Luego, los agresores también se abalanzaron contra el vehículo y agredieron a los periodistas que cubrían los hechos.

La policía se quedó en el frontis de la sede de la sede del Poder Judicial y no evitó el ataque.

El hecho ocurrió cerca a la Comisaría de Cotabambas.

Para cuando el ataque ocurrió, los representantes de la fiscalía y el resto de abogados ya se habían retirado del lugar.

Keiko Fujimori, quien esta vez participó en la audiencia de forma virtual, rechazó la agresión a través de un mensaje en X.

"Denuncio la cobarde agresión que ha sufrido hoy Giulliana Loza a la salida de la sala de audiencias. Un grupo de manifestantes que apoyaba al fiscal José Domingo Pérez la siguió y atacó por la espalda con palos en la cabeza sin que haya ningún tipo de seguridad ni protección mínima, demostrando que no existe ninguna garantía. Rechazo este acto de violencia y me solidarizo con Giulli frente a este ataque", escribió.

Antes de que la fiscalía retome su alegato inicial, la primera hora del tercer día del juicio por el Caso Cocteles estuvo marcado por distintos incidentes. Todo ante la participación de la fiscalía, la procuraduría y las defensas, y la asistencia virtual de Keiko Fujimori y el resto de acusados.

Los magistrados indicaron que en la sesión del próximo 22 de julio se pronunciarán respecto a la situación de los acusados Luis Mejía Lecca y Efraín Goldenberg. En la audiencia de instalación, el juzgado dispuso que ambos sean evaluados por Medicina Legal.

Para esa próxima audiencia se recibirán los informes de los encargados de esas evaluaciones y se decidirá si el juicio se archiva respecto a ellos por motivos de salud. La abogada de Mejía Lecca, Yeni Vilcatoma, señaló que se corrobora que su defendido tiene un estado de salud “irreversible”, con afectaciones a su lenguaje y su compresión, por lo que volvió a pedir que no se instale el juicio en lo referido a él y se archive el caso.

Finalmente, el fiscal Pérez solicitó al juzgado que se sancione a los abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto, abogados de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, respectivamente. Según dijo, ambos “realizaron gestos obscenos que quedaron documentados en la señal de Justicia TV” durante la audiencia del pasado martes 2 de julio.

En respuesta, Giulliana Loza negó que hayan faltado el respeto al fiscal o al juzgado. Según dijo, el gesto cuestionado por el fiscal era un conteo de horas. “Si alguien se siente aludido, por una inexistente falta de respeto, no es cuestión nuestra”.

El juzgado indicó que iban a revisar el video de la audiencia para tomar una decisión en la próxima sesión del juicio.

Al final de la audiencia, la jueza Mercedes Caballero, presidenta del juzgado, hizo un pedido a las partes: “Este colegiado quiere un debate jurídico. Hoy nos hemos pasado una hora en argumentaciones que, en realidad, no tienen mucho sentido. Para nosotros, lo relevante es escuchar al fiscal y escucharlos a ustedes (los abogados). Así como queremos escuchar al fiscal, queremos escucharlos a ustedes, para ver si la decisión que podamos tomar en su momento sea la correcta”.