Fiscal inicia sustento de acusación contra Keiko Fujimori: las claves del alegato de apertura por el Caso Cocteles

Este martes, la acusación contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles fue presentada por primera vez ante los tres jueces que decidirán el futuro de la lideresa de Fuerza Popular. La audiencia se reanudará el martes 9 de julio.

Ante el juzgado, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que las campañas fujimoristas fueron “el vehículo” de la supuesta organización criminal que lideró la ex candidata presidencial “para captar dinero, para captar poder”.

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Afirmó que durante el juicio se recibirán testimonios sobre cómo Keiko Fujimori “tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba” en las campañas de 2011 y 2016.

Entre los testigos que mencionó están exejecutivos de Odebrecht, empresarios peruanos como Enrique Gubbins y Dionisio Romero, excongresistas fujimoristas como Rolando Reátegui y Jorge Yoshiyama, sobrino del acusado Jaime Yoshiyama. Con ello, dijo, buscará probar los presuntos aportes ilícitos y el posterior ‘pitufeo’ con falsos aportantes.

En respuesta Keiko Fujimori y su abogada manifestaron, luego de la audiencia, que la sustentación del fiscal había sido más política que jurídica. Para la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, esto evidencia que “no hay un caso” y que la acusación terminará siendo archivada por el Poder Judicial.

La audiencia y la sustentación iniciaron a las 9 a.m. Pérez comenzó abordando el delito de organización criminal, haciendo referencia a los “antecedentes”.

Según dijo, Fuerza Popular es “una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad”.

Luego, incidió en que “los mismos actores” que acompañaron Alberto Fujimori en los años noventa participaron en el 2011 y 2016. En alusión a Keiko Fujimori (primera dama del gobierno de su padre), así como a Jaime Yoshiyama y Jorge Trelles (ministros y legisladores durante el régimen fujimorista).

“Ustedes van a escuchar en este juicio, cómo las elecciones generales son el vehículo que utilizan para captar dinero, para obtener poder, para obstruir la justicia. Como en el pasado, como en el 2011, como en el 2016, las elecciones son empleadas para cometer esos graves delitos”, indicó.

A lo largo de todo este proceso judicial, Keiko Fujimori y sus coacusados han negado su pertenencia a una organización criminal y han señalado al fiscal Pérez de tener una actuación política. Sin embargo, en el juicio, su respuesta a la acusación del Ministerio Público recién está prevista para la audiencia del 10 de julio.

El fiscal recordó luego que Keiko Fujimori fue elegida congresista por el partido fujimorista Alianza por el Futuro en el 2006 y luego “se gestó la organización criminal” en el partido que fundó: Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

La acusación sostiene que quienes “instrumentalizaron” al partido fueron Keiko Fujimori y su ‘cúpula’. Sus fines, insistió, fueron “impulsar leyes para su beneficio y de las personas y empresas de las que capta dinero, así como controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y lo que el Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de lograr la impunidad”.

La fiscalía tiene más de 1,000 testigos para interrogar a lo largo del juicio. Y en su sustentación de este martes, José Domingo Pérez adelantó lo que buscará probar con los principales testimonios.

Indicó que el testigo Antonio Camayo servirá para demostrar que a la lideresa la conocían como “señora K”. Se trata de un empresario ligado al caso Cuellos Blancos del Puerto.

Según la fiscalía, la “cúpula” en el 2011 habría estado conformada por Vicente Silva, Ana Herz, Pier Figari, Jaime Yoshiyama y Adriana Tarazona. Para el 2016, agregó, ingresó José Chlimper y salió Jaime Yoshiyama. Todos ellos son procesados junto a Keiko Fujimori y han rechazado la acusación fiscal.

El fiscal remarcó que los testimonios que darán en el juicio excongresistas como Rolando Reátegui, Daniel Salaverry y Patricia Donayre probarán cómo operaba y el control político que tenían sobre la agenda de la bancada fujimorista.

Esos testimonios también servirían para probar, de acuerdo con el Ministerio Público, la “intromisión” en entidades del sistema de justicia y los vínculos con personajes ligados a la trama ‘Cuellos Blancos del Puerto’. En particular, los de Reátegui, Camayo y Salaverry, así como los chats del grupo ‘La Botica’.

Por esto, sostuvo que presentarán testimonios de abogados sobre el diseño y promoción de proyectos para hacer cambios a las leyes que los favorezcan en sus investigaciones. Mencionó intentos de modificar normas de lavado de activos, allanamientos y prisiones preventivas, así como la creación del delito de financiamiento ilegal de partidos.

Respecto a lavado de activos, afirmó que se probará cómo “la organización criminal capta activos de procedencia ilícita, con el objeto de mezclarlo [...] convertirlo o colocarlos en aportes de campaña a través de diversas modalidades”. Estas incluían el ‘pitufeo’ con falsos aportantes, cuentas bancarias de terceras personas, cambistas y el pago de publicidad electoral.

El fiscal alegó que hubo distintos orígenes de dinero ilícito supuestamente lavado. El primero fue el US$ 1 millón de Odebrecht, mencionando que fue dinero ligado a la corrupción. Además, alegó que como congresista entre el 2006 y 2011, Keiko Fujimori votó a favor de la empresa y podía presumir su vinculación con delitos.

La defensa de la excandidata niega que hayan recibido ese dinero. Sin embargo, la fiscalía afirmó que los testimonios de Jorge Barata y otros exejecutivos de la constructora, así como del excongresista fujimorista Renzo Reggiardo, llevarán a probar esta parte de su acusación.

Respecto a aportes de empresarios nacionales, remarcó que el testimonio de Dionisio Romero servirá para probar el aporte de Credicorp. “Narrará como entre noviembre del 2010 y mayo del 2011, bajó a la bóveda de su banco y retiró 17 veces dinero en efectivo, en un total de 3′650,000 dólares [...] Y ese dinero, bolsa en mano, se le entregó a Keiko Fujimori, congresista de la República”.

Ese aporte fue admitido por Dionisio Romero y Keiko Fujimori. Sin embargo, su defensa niega que este y otros aportes de empresarios nacionales hayan sido actos de lavado porque no hay dinero de origen ilícito. En tanto, la fiscalía argumenta que esas entregas están ligadas a violaciones de la ley del sistema financiero.

Añadió que el Grupo Rasmuss hizo, a las campañas del 2011 y 2016, “entregas de dinero en efectivo de hasta US$ 7′670,000″: US$ 3,500,000 entre 2010 y 2011, US$ 440,000 entre el 2012 y el 2014, y US$ 3,730,000 entre 2015 y 2016. Agregó que testimonios como el del empresario Enrique Gubbins servirán para probar esas entregas.

El fiscal remarcó que algunas de esas entregas fueron directamente a Keiko Fujimori y otras a su hoy exesposo, Mark Vito Villanella. Sobre él refirió entregas de dinero dentro de bolsas: US$ 80 mil el 10 noviembre 2015 y otros US$ 80 mil dos días después.

Otros supuestos aportes ilícitos señalados en la acusación fiscal son de la Confiep, la empresa MVV Bienes Raíces y de empresarios ligados al Club de la Construcción. En total, la fiscalía acusa que se lavaron US$ 17.3 millones.

Tras la audiencia y en declaraciones a los periodistas, tanto Keiko Fujimori como su abogada, Giulliana Loza, respondieron al alegato del fiscal.

“Lo que hemos visto hoy es que el fiscal Domingo Pérez ya perdió el juicio. Lo que hemos escuchado es un discurso netamente político, no hemos escuchado argumentos jurídicos”, remarcó.

La lideresa de Fuerza Popular dijo lamentar que el fiscal haya hecho una referencia a su padre, que “nada tiene que ver en este juicio”.

“Aquí la persona que lo va a enfrentar soy yo, no Alberto Fujimori. Sin embargo, también le digo que si quiere seguir haciendo política, que se inscriba como candidato. Porque hoy, en vez de sentir que estábamos en un tribunal, más parecía que estamos en el Congreso”, puntualizó.

El Comercio solicitó a la defensa de Keiko Fujimori declaraciones adicionales respecto al alegato inicial de la fiscalía. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no pudo ser posible recogerlas.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y de su exesposo Mark Vito Villanella, subrayó ante los periodistas que en la audiencia de este martes “no hemos escuchado ningún argumento jurídico ni pruebas de parte del señor fiscal, sino un discurso político”.

“Ha perdido una gran oportunidad. Lo único que evidencia aquí es que no hay un caso y estamos seguros de que esto se va a archivar”, expresó.

La abogada añadió que su turno para exponer será la próxima semana.

En tanto, Humberto Abanto, defensor del acusado Jaime Yoshiyama, calificó parte del alegato del fiscal como “gracioso”, ya que “es la primera vez que encuentro la teoría penal de la herencia delictiva”. “Cuando se hace ese comentario, las cosas pierden definición razonable”.

“El señor Rassmuss decide aportar a la campaña de Keiko Fujimori [...] No ha cometido ningún delito. No hay que confundir el que yo entrego plata y quiebro las reglas electorales con que sea lavado de activos”, declaró a Epicentro sobre uno de los aportantes del fujimorismo.

Abanto dijo que, como defensa del exdirigente fujimorista, reconocen que se “diseñó un esquema de simulación de aportes” y que “aceptamos que se han violado reglas electorales, pero que se haya hecho lavado de activos, de ninguna manera”.

Culminada esa parte de sus alegatos, José Domingo Pérez pasó a exponer la acusación individual contra cada acusado, iniciando con Keiko Fujimori.

Pero alrededor de las 12:30 p.m., luego de tres horas y media de sustentación, el fiscal José Domingo Pérez pidió suspender la sesión. Segun dijo al juzgado, necesitaba un descanso. Los jueces accedieron y dispusieron que continúe en la audiencia programada para el martes 9 de julio desde las 9:00 a.m.

Si bien el fiscal terminó de exponer lo referido a Keiko Fujimori, todavía debe hacer lo mismo respecto a los 47 otros acusados. Según estimó, necesitará entre una y hora más en la próxima audiencia, programada para el 9 de julio.

La Procuraduría Contra el Lavado de Activos, que hará sus propios alegatos respecto a la reparación civil que piden por este caso, indicó que ellos también necesitarán una hora.

Se tiene previsto que en la audiencia posterior, la del miércoles 10 de julio, sea el turno de las defensas de Keiko Fujimori y del resto de acusados para hacer sus propios alegatos y responder a la acusación. Allí, los jueces escucharán formalmente la tesis con la que la abogada de la excandidata buscará que se archive este caso.

Antes de suspender la audiencia, los jueces del Tercer Juzgado Colegiado indicaron que la próxima sesión también será presencial, pero solo para la fiscalía, la procuraduría y los abogados. Keiko Fujimori y el resto de acusados podrán conectarse de forma virtual.

La decisión se tomó por la falta de un lugar lo suficimiente amplio en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para que todos los participantes en el juicio puedan estar cómodos. En esa línea, también se dispuso que las audiencias posteriores a las de la próxima semana pasen a ser virtuales, salvo en excepciones que se darán a conocer con anticipación.