Editorial El Comercio

Antes de llegar al , la legisladora () manejaba un mototaxi en . Esa circunstancia no tiene nada de malo, por supuesto, si no fuera porque ahora ha presentado un proyecto de ley que busca beneficiar a sus antiguos colegas al costo de poner en riesgo la seguridad de los usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte en todo el país.

El 20 de junio, la parlamentaria envió una iniciativa legislativa que propone, entre otros despropósitos, que en las localidades en las que no haya plantas de revisiones técnicas autorizadas por el las municipalidades puedan encargarse de realizar este servicio que, como se sabe, es obligatorio para autorizar a un mototaxi a realizar Es cierto, como asegura la congresista en su proyecto, que en muchos lugares, especialmente de la selva, los conductores de estos vehículos tienen que recorrer largas distancias hasta encontrar una planta autorizada para cumplir la norma. Pero su proyecto, lejos de corregir esta situación, busca más bien abrir la puerta en el ámbito nacional para que los municipios de todo el país puedan abocarse a una labor para la que no están preparados.

En la iniciativa, por ejemplo, no se detalla si los municipios deberán seguir los mismos estándares de revisión técnica que estipula actualmente el MTC. Y, más allá de ello, se corre el riesgo de politizar un trámite que se rige por criterios técnicos con municipios plegándose a las presiones de los mototaxistas en desmedro de los usuarios (sin olvidar las oportunidades para la de funcionarios que este proyecto abriría). Hace pocas semanas ya vimos que las presiones del gremio ante el MTC desembocaron en un decreto para que ya no tengan que rendir un examen de conocimientos al momento de revalidar su licencia.

Así, estamos ante otro proyecto pensado para beneficiar a un grupo en desmedro de todos los usuarios, que suelen ser, además, la última rueda del coche para los legisladores. O, en este caso, la última rueda del mototaxi.

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