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Tras décadas de abandono, el sistema educativo peruano se encuentra entre los más deficientes de la región, con bajos promedios y terribles brechas. La buena noticia es que en los últimos años se ha consolidado una reforma educativa liderada por el Ministerio de Educación (Minedu), que ha fijado como sus ejes estratégicos mejorar la carrera docente, las infraestructuras, los sistemas de gestión y los aprendizajes.
Pese a que todas las evaluaciones comienzan a mostrar avances (ECE, PISA, Terce), la reforma no está siendo pacífica –ni mucho menos–. Basta recordar los paros contra los cambios en la carrera magisterial en el 2012 que dejaron a miles de escolares sin clases durante meses, las maniobras contra la Ley Universitaria o la reciente y controvertida censura a Jaime Saavedra.
Ahora, en una preocupante escalada, el debate que se produce sobre el nuevo currículo nacional es más bien un ejemplo de lo que se ha denominado posverdad. Así, hablar de debate resulta muy generoso, porque lo que hemos escuchado hasta la saciedad entre los portavoces de la reciente campaña que ha inundado de carteles las avenidas de Lima no son argumentos, sino la acusación de que el currículo promueve algo que aún nadie ha explicado qué es: la “ideología de género”. En lo que parece una carrera por no quedarse atrás, la Conferencia Episcopal presentó la semana pasada una declaración en la que realiza la misma acusación con la misma falta de concreción.
El nuevo currículo nacional es la principal herramienta para mejorar la calidad de los aprendizajes, y plantea un ambicioso nuevo enfoque pedagógico: la educación por competencias. Se pretende que la educación sea un proceso integral que desarrolle en los escolares sus competencias matemáticas, de comunicación, de ciencia y tecnología, pero también competencias para la ciudadanía, para desarrollar la creatividad, la capacidad crítica o la toma de decisiones. Una propuesta que es fruto de años de trabajo de expertos que han presentado y debatido su contenido con miles de representantes de todos los colectivos vinculados a la educación y que se enmarca en la legislación vigente.
De todos estos asuntos los críticos no dicen nada. Las denuncias se concentran en la parte que defiende la tolerancia y la igualdad, tergiversando los contenidos para asustar con una presunta agenda oculta que causará la disolución de la familia, la patria y la civilización occidental.
El currículo busca que se respete a las personas, sea cual sea su orientación sexual. ¿Acaso está mal que se quiera terminar con el ‘bullying’ homofóbico? También busca la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Acaso está mal que una niña piense que de mayor puede ser ingeniera o que un niño crea que de mayor puede cocinar en su casa y cuidar y dar cariño a sus hijos?
A lo largo de la historia ya hemos vivido épocas en las que las mujeres no podían votar, los homosexuales eran tratados como delincuentes o enfermos mentales, los pobres no accedían a la educación o las personas de piel oscura no podían usar los mismos servicios públicos que los de tez clara. Los cambios legales que terminaron con estas situaciones en muchos países también contaron con furibundos opositores.
Si enseñar el respeto, desterrar el odio a los que son diferentes y promover la igualdad de oportunidades es algo que le disgusta a alguien porque colisiona con sus valores y su visión de la sociedad, propongo que no se calle. Si se está contra la igualdad entre hombres y mujeres y a favor de la discriminación, que en el debate público se defiendan estas propuestas. Sin tapujos y sin ocultarse detrás de acusaciones vagas e inconcretas.
Confiemos en que tal como ha sucedido en varias etapas complicadas para la reforma educativa, ahora haya la adecuada combinación de firmeza y diálogo para que el currículo nacional contribuya a mejorar la calidad de la educación. Y así, se ayude a construir la sociedad democrática, respetuosa, tolerante y con igualdad de oportunidades en la que nuestros niños tienen derecho a crecer.