En el Perú, un total de 1.820 adolescentes y jóvenes que han ha tenido algún tipo de conflicto con la ley penal se encuentran distribuidos en 10 centros para la reclusión de menores. De este número, 1.736 son hombres y 84 mujeres. Asimismo, el 92,4% de ellos tiene una meta prefijada cuando salga libre tras concluir su medida de internamiento: el 70,9% planea estudiar, mientras que el 60% tiene como expectativa de vida encontrar un empleo y ponerse a trabajar.
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Este es uno de los resultados más resaltantes del II Censo Nacional de Población en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación 2024, a los que El Comercio tuvo acceso. El documento, que será anunciado y presentado en los próximos días, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través del Observatorio Nacional de Política Criminal (Indaga), y con el apoyo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
El estudio también revela que para lograr dichas metas, estos adolescentes y jóvenes señalan como sus principales motivos a sus padres (61,9%), la superación personal (43,1%) y sus hijos (13,5%). En tanto, manifiestan que no quieren volver a cometer otra infracción. Sus expectativas para lograr ello se orientan, entre otros factores, en recibir apoyo familiar (24,1%) y cambiar de lugar de residencia (23,5%).
Los datos indican que los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) con mayor población son: Lima (600), Pucallpa (183), El Tambo (172), Trujillo (154) y José Quiñones Gonzales (150). Todos ellos agrupan al 69,3% del total. De este número, 84 son mujeres, quienes se encuentran en el establecimiento Santa Margarita, en el distrito de San Miguel (Lima).
En cuanto a la variable de edad, el grupo de jóvenes que posee de 18 años a más representa la mayor parte de la población, con 1.104 personas (60,7%). Un segundo grupo importante es el de los jóvenes que cuentan con 17 años de edad, con un total de 397 personas (21,8%). Finalmente, son 208 los que cuentan con 16 años edad, representando al 11,4% de los adolescentes que se encuentran en los centros juveniles.
Arturo Huaytalla, coordinador de Indaga, dijo a El Comercio que a diferencia del primer censo llevado a cabo el 2016, este recoge muchos más datos y muestra no solo las condiciones de los adolescentes y jóvenes infractores antes de pasar por un centro juvenil, sino que también revela sus metas y planes a futuro, luego de que concluyan su internamiento.
“La importancia de este estudio está en que muestra quiénes son estos jóvenes, de que contexto provienen, qué características tienen y qué cosa han pensado hacer para alejarse de la delincuencia. Presenta retos y desafíos para mejorar el sistema de justicia”, sostuvo.
El estudio revela que adolescentes y jóvenes manifiestan que no quieren volver a cometer otra infracción. Sus expectativas para lograr ello se orientan, entre otros factores, en recibir apoyo familiar y cambiar de lugar de residencia.
Huaytalla señaló que en base a estos resultados surge un principal interés por buscar garantizar los derechos humanos de los adolescentes en los centros juveniles. Este documento, precisó, permite hacer un seguimiento o monitoreo de cómo se vienen desarrollando los servicios dentro de los centros juveniles a fin de identificar aspectos que se puedan optimizar. Además, dijo que se pretende tomar mejores decisiones para la adecuada reinserción de este población en la sociedad.
“El documento no solo es para el Ministerio de Justicia. Ni bien lo publiquemos vamos a enviarlo a todos los demás sectores involucrados, como los municipios, gobiernos regionales, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Poder Judicial. Estos datos dan para varias lecturas. Es la radiografía más completa de la situación de la delincuencia juvenil”, acotó.
Plan de vida y reinserción
El Dr. Manuel Saravia, director de IGL, comentó este Diario que sería bueno que el Estado, conjuntamente con los centros juveniles, pueda trabajar en los proyectos de vida de cada persona internada en los centros juveniles. Más allá de las intenciones y metas pre fijadas que esta población afirma tener, dijo que se necesita que las autoridades puedan materializar la ayuda y forjar el camino para que sea posible alcanzarlas.
“Sería bueno el poder trabajar sobre un proyecto de vida. Pero, debe haber una ayuda concreta por parte del Estado. O sea, dentro del plan de vida es bien importante saber qué se quiere hacer y conocer con qué recursos se cuenta. Esto, para que las metas se puedan aterrizar. El apoyo de los padres también es fundamental”, resaltó.
Saravia dijo que para que se de un adecuado proceso de reinserción y readaptación las autoridades deben idear medidas y acciones para que este grupo no quede a merced de las mismas condiciones que coadyuvaron en su mala toma de decisiones anteriormente. En el caso de los jóvenes que no cuenten con recursos o el apoyo familiar, deberían de ir a una casa de reinserción puesta por el Estado, que tenga un modelo de conducta positivo, y desde donde puedan trabajar y estudiar mientras son supervisados.
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“En la reinserción tiene que estar el plan de vida. Hay que ver a dónde vamos a reinsertar a estos jóvenes, quienes pueden salir con muy buena voluntad y buena intención, pero si van a un lugar donde están sus mismos vecinos que van por el camino del delito o a su misma casa donde hay conductas de riesgo delictivo, están proclives a recaer”, explicó.
Por su parte, Gabriela Coros, psicóloga forense y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima, sostuvo que la idea de que estos adolescentes vayan a los centros de menores es que también al interior puedan adquirir habilidades para crear nuevos patrones de comportamiento y así tener más recursos para reintegrarse efectivamente a la sociedad.
“Tenemos que entender, y creo que es súper importante, que cuando el menor entra a un centro juvenil es justamente para enseñarle metas y habilidades que puedan utilizar a largo plazo. No hay reinserción sin metas laborales, porque si al final los chicos entran y no adquieren realmente nuevas herramientas van a salir y van a volver al mismo contexto de antes”, explicó.
Los centros juveniles con mayor población son: Lima (600), Pucallpa (183), El Tambo (172), Trujillo (154) y José Quiñones Gonzales (150). Todos ellos agrupan al 69,3% del total.
Coros manifestó que si a este grupo se le da la oportunidad de aprender cosas nuevas, puede sentirse empoderado y querer intentar algo nuevo, diferente a lo que hacía. “La mayoría de esos chicos quiere realmente hacer algo diferente. Incluso el 70% quiere volver a estudiar, a trabajar. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir al colegio”, comentó.
En tanto, para María Barletta, docente de la PUCP y directiva de la organización Cometa, resulta muy importante que estos jóvenes tengan oportunidades y ayudarlos a desarrollar conductas pro sociales y elaborar un proyecto de vida. Afirmó que si al salir estos jóvenes tienen acceso a estudiar y conseguir un empleo aumentarán las probabilidades de que no continúen en una trayectoria delincuencial.
“Está demostrado que el trabajo y el estudio definitivamente ayuda al desistimiento de la conducta infractora. Hay que orientarlos a tener un plan de vida muy acorde a los requerimientos sociales y mostrarles que tienen habilidades que de repente nunca tuvieron oportunidad de conocer”, puntualizó.
Entorno de riesgo e infracciones
Respecto al entorno en que vivían antes de pasar a un centro de rehabilitación, el 69% de los adolescentes y jóvenes que participó en el censo señaló que sus amigos con los que convivía en su barrio habían cometido alguna infracción. Mientras tanto, el 53,1% indicó que en su lugar de residencia había pandillas y el 27,5% precisó haber pertenecido a este tipo de agrupación.
Además, poco menos de la mitad de encuestados, el 44%, detalló que algún miembro de su familia estuvo o está internado en un establecimiento penitenciario. Sobre el nivel y tipo de violencia que llegaron a recibir, el 29,1% dijo que sufrió maltrato físico cuando era niño (5 a 12 años de edad), y el 28,7% maltrato psicológico.
En relación con la capacidad económica familiar, el 77,1% precisó que sí le alcanzaba para cubrir sus necesidades alimenticias, el 70,5% señaló lo mismo para las necesidades educativas y el 67,4 % para la vestimenta y el ocio. Uno de los datos más preocupantes es que el 67,2% aceptó haber probado drogas ilegales antes de ingresar al centro juvenil.
En cuanto al tipo de infracción más común entre los adolescentes y jóvenes infractores se encuentra el robo agravado (35,8%), seguido por violación sexual (16,2%) y el homicidio simple (10,2%). Cabe decir que el 44,3% de ellos llevaba un arma al momento de cometer el ilícito.
Por otro lado, casi la mitad de entrevistados (46,6%) afirmó que antes de ingresar al centro juvenil ya había cometido alguna infracción anterior. Es decir, ya eran reincidentes. De este grupo, el 66,5% lo hizo antes de los 15 años.
Sobre estos resultados, el Dr. Saravia indicó que se muestra una relación directa entre varios factores de riesgo en el entorno de los adolescentes y jóvenes con la comisión de infracciones. Algunos ejemplos de ello son el consumo de droga y un ambiente familiar no sano, lo que según expresó, aumenta la vulnerabilidad de este grupo para cometer distintos actos ilícitos.
“Con toda esta información se puede hacer un plan de trabajo desde el punto de vista terapéutico para poder trabajar en el factor de protección. Se sabe por otros estudios que por lo menos un 80% de las personas que hacen uso y abuso del consumo de drogas tiene depresión. Entonces, también dentro del programa, además de trabajar la desintoxicación hay que ver en qué nivel la población estaría presentando algún tipo de cuadro depresivo u otro trastorno psiquiátrico”, dijo.
Expertos señalan que se debe guiar a infractores a establece run proyecto de vida y darles las herramientas necesarias para que no recaigan.
Por su parte, Coros detalló que uno de los factores de riesgo más influyentes está en la etapa escolar. Precisó que el problema radica cuando existe el fracaso escolar y los jóvenes comienzan a faltar a clases, a conocer pandillas dentro y fuera de la escuela. A esto se suma el hecho de que algún miembro de la familia esté internado en un establecimiento penitenciario o que el menor haya sufrido o sido víctima de maltrato en su hogar.
“Lo ve como algo normal, lo van normalizado por más que la sociedad le pueda decir lo contrario. Entonces se tiene que analizar que el menor comienza a ver violencia desde temprana edad en su entorno cercano y hay más probabilidad de que repita ese patrón”, explicó.
Por otor lado, Sebastián Flores-Martin, licenciado en criminología por la Universidad de Texas A&M-Texarkana y fundador de la Consultora Nacional de Criminología, dijo a El Comercio que es vital que las autoridades sepan identificar y reducir los escenarios que favorecen el delito. Esta labor de prevención, agregó, se hace a través de la concientización y de políticas públicas.
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“Es muy importante ver el problema desde ese punto ya que como Estado o como sociedad somos muy reactivos. Abordamos el problema una vez que ya ha explotado y no sabemos cómo prevenir de una manera adecuada y sostenible”, destacó.
El experto también sugirió que se necesita incluir el componente de la criminología como parte de las medidas para abordar este tema. Lo que permite esta disciplina es estudiar las causas y consecuencias del delito y del crimen en una sociedad. Es decir, nunca se va a poder abordar de manera sostenible e integral el problema si es que no se llega a la raíz del mismo.
“Involucrarnos en estas actividades delictivas antisociales nos va a ayudar a comprender mejor ese entorno y esas personas que siguen cometiendo estos delitos. Es también otra vía para seguir combatiendo el crimen”, acotó.
Condiciones de vida en los centros juveniles
Otro punto abordado en el censo fue si se cumplen o no, y de qué manera, con buenas condiciones de vida en los centros juveniles. Las preguntas estuvieron vinculadas a los servicios del centro juvenil, los derechos humanos y el contexto para la reinserción en la sociedad.
Se puede anotar que al 94,2 % de la población recibió atención de un psicólogo, mientras que al 92,9% lo recibió de parte de un trabajador social. Asimismo, un médico o enfermera atendió al 90,9 % de los jóvenes y un 49,1% recibió algún tipo de atención legal.
Otros datos a destacar son que el 73,9% de entrevistados indicó que sí venía estudiando al interior del centro juvenil, mientras que el 26,1% dijo que no. En tanto, el 8,7% del total señaló que sufrió discriminación al interior del establecimiento.
Al respecto, el Dr. Saravia afirmó que el equipo profesional que trabaja en los centros juveniles tiene que ser multidisciplinario y además altamente capacitado para atender a este tipo de población, la cual enfrenta varios problemas como la falta de respeto a la autoridad, cuadros depresivos en algunos casos, trastornos psicológicos y/o psiquiátricos, falta de control de impulsos. Todo esto amerita a que el personal sea uno especializado.
“Pueden salir libres altamente motivados, con ganas de hacer cosas positivas, pero pueden chocarse con una sociedad que muchas veces no está preparada para recibirlos, entonces reciben rechazo, tienen dificultad para encontrar un empleo, problemas económicos y así van acumulando frustraciones. Si a estos chicos durante el programa no se les prepara, salen con baja tolerancia a la frustración y esto puede llevar a que vuelvan a consumir drogas, se relacionen con personas de riesgo alto y lamentablemente esos detalles hacen de que mucho recaigan”, comentó.
A su turno, Coros indicó que dentro de los establecimientos a los jóvenes se les enseña por primera vez límites. Muchos vienen de familias donde no se les enseñó nunca a hacer la cama, no tenían hora de llegada, no había ninguna repercusión por cometer alguna falta. “Dentro de los centros juveniles existe un equipo de psicólogos, de áreas sociales y persona educativo. Por ejemplo, el equipo de psicología trabajan constantemente en enseñarles a los chicos que hay patrones diferentes que pueden aprender”, dijo.
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Para Barletta, el Estado tiene que invertir en cantidad y en calidad de profesionales que se dediquen a la atención de estos jóvenes en los centros juveniles. Agregó que el gran riesgo es que este tema no se valore lo suficiente, sin tener en cuenta que al trabajar con esta población se está invirtiendo en el país, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, y porque muchos de ellos van a salir y contribuir de alguna forma con la sociedad.
“El gran riesgo que tenemos es que el Estado no se tome en serio la intervención a esta población. La idea es que se cuente con más equipos técnicos y capacitados en saber cómo intervenir con estos grupos de adolescentes. Hablamos de diversidad de perfiles. El tratamiento tendría que ser diferenciado”, subrayó.
